La libertad de los empresarios detenidos se produjo a principios de esta semana pero recién trascendió hoy de fuentes judiciales.
En una resolución del mes de septiembre Urso, si bien había reconocido que el delito que se les imputaba era excarcelable no les otorgó ese beneficio debido a la "habitualidad con que los imputados cometían esos actos".
Al ser apelada esa resolución, la Sala Primera de la Cámara Federal, integrada por los jueces Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo revocó las prisiones preventivas y ordenó a Urso que resolviera en torno a las imputaciones por presunta asociación ilícita indagando a los procesados.
El tribunal, en tanto, confirmó los procesamientos de los empresarios por la venta y adulteración de combustibles, que prevé penas que van de uno a seis años de prisión, y por lo tanto se trata de un delito excarcelable.
Alrededor de esta causa se abrió una investigación paralela a partir de los dichos de uno de los imputados que refirió a un presunto pedido de dinero por parte de funcionarios judiciales, según lo habría referido el abogado Víctor Stinfale.
La misma Sala de la Cámara pidió que se investiguen los dichos de Stinfale en los que involucraría a Urso y al secretario del juzgado federal 7 Oscar Aguirre, por lo que se abrió una causa en el juzgado a cargo de Claudio Bonadío.
Urso volvió a indagar a los procesados y tras esa diligencia el magistrado dictó la "falta de mérito" y dispuso la libertad de los detenidos tal como se lo había ordenado el tribunal de alzada.
El resto de los imputados, 39 en total y en su mayoría camioneros, fueron beneficiados con una falta de mérito y recuperaron su libertad, tras pagar fianzas de 20 mil pesos cada uno.
Recordemos que la Cámara Federal porteña se declaró incompetente para seguir interviniendo en la causa y la remitió la causa a la justicia federal de Lomas de Zamora, que rechazó la derivación, por lo que el conflicto de competencia está pendiente de resolución, debiendo el juez Urso proseguir, mientras tanto, con la instrucción del sumario.