En los procedimientos se pudo saber que fueron allanadas empresas periodísticas, de recolección de residuos, clínicas, de alimentación, informática y laboratorios, entre otros rubros.
Para los procedimientos intervinieron unos 500 inspectores de la AFIP y 88 brigadas de la Policìa Federal, de distintas divisiones, entre ellas la de Defraudaciones y Estafas y la Superintendencia de Investigaciones Metropolitanas, según informaron voceros a Diariojudicial.com.
El juez Vidal Durand impuso el secreto del sumario en las actuaciones por lo que no pudieron conocerse los nombres de las empresas involucradas. Es por eso que el titular de la AFIP, Alberto Abad, no brindó la esperada conferencia de prensa para informar sobre este megaprocedimiento.
Según los voceros consultados, los 85 allanamientos se produjeron en empresas de esta capital y el Gran Buenos Aires, algunas de las cuales con oficinas en distintos puntos, de las cuales se secuestró documentación relacionadas con las maniobras.
Indicaron además que las maniobras por infracción a la Ley 24769 (Ley Penal Tributaria) se consumaban mediante la compra de facturas a “empresas fantasmas” que si bien tenían existencia legal no registraban operaciones comerciales.
Si bien en un principio trascendió que mediante esas facturas por presuntas prestaciones de servicios se habrían evadido cerca de 100 millones de pesos en concepto de IVA que no ingresaba a las arcas del Estado, posteriormente fuentes del juzgado interviniente informaron que el monto ronda los 8 millones de pesos.
Los operativos de la AFIP estuvieron encabezados por el nuevo director de investigaciones penales del organismo, Carlos Lucuy, convertido virtualmente en el heredero del recordado Inspector Peña, jefe histórico del grupo de investigaciones conocido como "Los Intocables". El equipo conducido por Lucuy fue el que llevó adelante las investigaciones que se iniciaron hace cuatro meses. La fiscal interviniente es María Gabriela Ruiz Morales.