La denuncia quedó radicada en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral y se suma a otras presentaciones ante el mismo fuero en los últimos meses, algunas de las cuales no tuvieron trascendencia pública.
Tal es el caso de un reclamo similar ante la juez María Servini de Cubría, en la cual la magistrada había librado la orden de detención del titular de la Obra Social, José Corchuelo Brasco, la que se evitó cuando en horas aparecieron los medicamentos requeridos, según pudo saber Diariojudicial.com.
El abogado Carlos José Díaz radicó hoy una presentación en la cual solicitó que se investigue si funcionarios del PAMI y del Gobierno Nacional cometieron delitos al no haber provisto al jubilado de 78 años Domingo Bamonde de los medicamentos que reclamaba y que eran necesarios para tratar su grave enfermedad.
El anciano falleció el 30 de agosto último a raíz de un cáncer de pulmón, tras haber realizado varias gestiones ante el PAMI y la justicia en lo civil para conseguir los remedios.
En su presentación, el letrado dio cuenta de la existencia de "una maquinaria serial destinada a provocar la muerte de ancianos", concebida como "un plan donde el PAMI deja de suministrarle medicamentos a sus beneficiarios y, al mismo tiempo, el Estado les baja el ingreso a los jubilados de manera que resulta imposible que puedan adquirir la medicación que dispone el médico tratante".
Por último, Diaz evaluó que "se puede estar cometiendo la figura prevista en la Convención para la Prevención del delito de Genocidio".