Ribelli está procesado con prisión preventiva en la causa por los delitos de extorsión en grado de tentativa, falsedad ideológica de documento público, violación de los deberes de funcionario público, extorsión y asociación ilícita, al igual que uno de sus segundos, el subcomisario Juan Roberto Maisú.
También está procesado en esta causa Raúl Ibarra -otro de los sindicados partícipes necesarios del atentado-, a quien se le imputan dos casos de privación ilegal de la libertad agravada, falsedad ideológica de instrumento público y extorsión.
Además, están detenidos por esta causa otros dos ex oficiales de Lanús, imputados en la causa AMIA por las extorsiones a Telleldín: Oscar Bacigalupo y Marcelo Albarracin. En total, son once los hechos de extorsión e irregularidades varias en el accionar policial que se juzgarían en los próximos meses, remarcaron fuentes judiciales.
La causa se originó principalmente en las escuchas telefónicas que la SIDE realizó a pedido de Galeano sobre los teléfonos de Ribelli y sus hombres, en plena instrucción del caso AMIA. Allí se detectó que el caso de Carlos Telleldín (el doblador de autos que armó la camioneta que se usó en el atentado), era uno entre varios, porque el apriete a delincuentes y comerciantes en infracción era moneda corriente en la Brigada de Lanús.
Después, el juez federal capitalino se declaró incompetente y envió la causa a la provincia de Buenos Aires. Allí, la titular del Juzgado en lo Criminal y Correccional 11 de Lomas de Zamora, Silvia Susana González, realizó la instrucción y procesó con prisión preventiva a Ribelli, Maisú, Ibarra, Bacigalupo y Albarracín.
Pero el pleito por la competencia siguió adelante y la Corte Suprema de la Nación terminó enviando el expediente de nuevo a la Capital Federal. Galeano lo recibió los últimos días de junio de este año y enseguida los fiscales Mullen y Barbaccia dictaminaron que la investigación debía seguir en el fuero federal capitalino.
Luego la defensa de Ribelli presentó un recurso para que se declarara incompetente a Galeano en esta causa, lo que fue rechazado la semana pasada por la Sala I de la Cámara Federal, que se remitió al fallo del máximo tribunal, que entendió que la acusación contra los bonaerenses “esta íntimamente relacionada” con el expediente de la casa AMIA.
“Ahora que están resueltos todos los incidentes, no queda más que elevar la causa a juicio oral”, confirmó una fuente calificada del juzgado federal 9. Si los fiscales comparten el criterio del juez -en principio, se especula, estarían de acuerdo- Ribelli y su gente se encontrarán con un nuevo dolor de cabeza en una causa que podría depararles varios años de prisión.
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