Con o sin Nazareno, los restantes ministros se reunirán en acuerdo ordinario, sin que se esperen novedades resonantes en el tema de la pesificación de los depósitos ni en ningún otro, afirman los voceros.
Sin embargo, se descuenta que si la reunión se realiza, los jueces continuarán la discusión sobre la “filtración” del proyecto de voto de Carlos Fayt en el caso de la ahorrista Marta Beratz, donde se pronuncia por la inconstitucionalidad del artículo 2° del Decreto 214/2002, que establece que los dólares depositados en el sistema financiero se devuelvan a la paridad $ 1,40 con el dólar. Según trascendió, Fayt tiene mucho para decir sobre el tema en la reunión, sumamente irritado por la forma en que quedó parado ante la opinión pública.
Otro que también esta muy molesto es Antonio Boggiano, a quien algunos medios señalaron como el responsable de la filtración. Boggiano quiere que quede bien claro y con la mayor prontitud que él no fue el autor de la indiscreción y se dice que buscará una explicita aclaración de Fayt en ese sentido, como para aventar sospechas.
Otra cuestión que ofusca a varios ministros es una supuesta campaña que atribuyen a varios medios periodísticos para “manejarles los tiempos”, agitando distintas fechas, 10 de diciembre dicen unos, principios de febrero otros, en las que saldría el fallo en cuestión. Los jueces sostienen que no quieren verse envueltos en rumores interesados, que parten de especulaciones financieras vinculadas con el alza del dólar y la apertura del corralito.
Los ministros también seguirán analizando el impacto económico que la inconstitucionalidad de los depósitos puede provocar.
Tendrán en cuenta los datos acercados por en Ministerio de Economía, quien sostiene que si la redolarización de los depósitos es acompañada por la de los créditos de los bancos, las deudas de las empresas crecerán a unos 34.000 millones de pesos, un 8,5% del PBI, lo que representa una magnitud cinco veces superior al stock de nuevos depósitos del sistema y equivale a 29 veces el superávit primario del Estado.
Si la redolarización fuera asimétrica, porque los prestamos de los bancos siguen pesificados, el Estado debería compensar íntegramente el aumento de los pasivos bancarios, lo que significaría desembolsar 28.500 millones de pesos, aseguran desde la cartera de Hacienda.