Sin embargo, ese medio periodístico ratificó la información y recordó que antes de la desmentida, el presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, Walter Saieg, había confirmado la existencia del proyecto para dotar de superpoderes a la Fiscalía General.
En declaraciones a un canal de televisión, Saieg explicó que los legisladores oficialistas estaban analizando el borrador de la iniciativa. “Este proyecto todavía no ingresó a la Legislatura, pero tenemos un borrador que el bloque de Unión por Córdoba está estudiando”, dijo, agregando que “es un proyecto para convertir al Ministerio Público en un órgano extrapoder, que sea independiente del Poder Judicial y del Ejecutivo. En la práctica, esto significa la independencia funcional y administrativa de cualquier organismo del Estado”.
En el Poder Judicial hubo preocupación y se sucedieron las reuniones, dos de ellas en el Tribunal Superior. Es que el Fiscal General es designado por el Ejecutivo y se teme que una futura ley lo faculte a darles órdenes a los fiscales de Instrucción respecto del seguimiento o no de causas de trascendencia pública que pueden involucrar a funcionarios provinciales.
El tema no es una cuestión aislada sino que se inscribe en un conflicto entre el Ejecutivo y la Legislatura cordobesa, controlada por el oficialismo, por un lado, y el Poder Judicial, en especial el Tribunal Superior, por el otro, que tuvo un capitulo especialmente fuerte el pasado 20 de noviembre, cuando el bloque oficialista en la Legislatura consiguió el quórum necesario y sancionó sobre tablas un proyecto de ley que declara la emergencia judicial en la provincia y suspende el funcionamiento del Consejo de la Magistratura.
El oficialismo argumentó para la aprobación de esta ley, la necesidad de cubrir en forma urgente vacancias en juzgados y fiscalías producidas por renuncias de sus titulares para acogerse a la jubilación anticipada.
Los opositores ven estos intentos como una estrategia del Ejecutivo para procurarse un Poder Judicial adicto.
Por su parte, el Fiscal General de la Provincia, Carlos Baggini está duramente enfrentado con el Superior Tribunal, conflicto que en lo estrictamente jurídico ya derivó en un recurso extraordinario de aquel ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a raíz de la disputa abierta por el mecanismo de distribución de las causas penales entre los fiscales de Instrucción de la capital provincial.
Al respecto, Baggini impugna la disposición del Tribunal Superior que dispone que las denuncias presentadas en el fuero penal fueran distribuidas entre los fiscales de Instrucción a través de un sistema de sorteo informático.
Baggini considera que la disposición del alto tribunal es una intromisión a las facultades del Ministerio Público y viola la Constitución provincial.
Por su parte, el Tribunal Superior justificó el mecanismo del sorteo para descongestionar el trabajo de las fiscalías de los Distritos 1 y 2 –que siguiendo el criterio geográfico de reparto– se vieron sobrecargadas por denuncias contra funcionarios provinciales.
El Máximo Tribunal cordobés concedió el recurso extraordinario solicitado por Baggini, pero sin efecto suspensivo; es decir sin paralizar el sorteo informático dispuesto por ese cuerpo.
En la resolución, los máximos jueces de la provincia cuestionaron con dureza al fiscal General, reafirmaron que son cabeza de poder en la Justicia y ratificaron su postura a favor del mecanismo del sorteo.