Tal como se adelantara en el informe In Voce de ayer, esta medida fue impulsada en el mes de febrero por el secretario de Justicia, Guillermo De Sanctis, quien quería lograr un control sobre el tema de las causas del corralito, con el propósito de frenar un drenaje de dólares, que podía producirse mediante una suerte de "industria del juicio" motorizada por algunos letrados, con la presunta complicidad de magistrados y empleados judiciales.
Ahora, diez meses después, la decisión de la Cámara de Diputados de que se informe sobre las causas iniciadas como consecuencia del dictado del decreto 1.570/01 y sus complementarios causó estupor y enojo en el ámbito del castigado y sobrecargado fuero Contencioso Administrativo Federal donde actualmente el pedido recién está en manos de la presidencia de la Cámara, pero pronto llegará oficialmente a las distintas salas y a la primera instancia.
En ese sentido, Diariojudicial.com pudo averiguar que el pedido fue catalogado de "insólito" por varios camaristas. Si bien todos pidieron anonimato, las respuestas que este medio obtuvo entre distintos magistrados consultados oscilaron entre la sorpresa y la indignación.
En rigor, la solicitud de la Cámara de Diputados fue realizada al Poder Ejecutivo el pasado 18 de septiembre, por medio de la resolución 1767, donde se requiere que se informe, a través de las áreas correspondientes, "sobre las causas iniciadas, en el ámbito del Poder judicial incluyéndose los amparos, como consecuencia del dictado dcl decreto 1.570/01 y todas las restantes normas complementarias y modificatorias". Según fuentes judiciales, eso implica informar sobre más de cien mil procesos sólo en el fuero contencioso administrativo federal.
El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Justicia, mandó el pedido al Consejo de la Magistratura, el pasado 25 de octubre y de allí pasó a circular por los distintos fueros.
La Cámara Baja quiere información precisa y extensa, según la lista de once puntos que figura en la referida resolución 1767:
"1º Número de causas en tramite.
2º Número, carátula y radicación de los expedientes
3º Se remitan copias de las acordadas dictadas tendientes a ordenar la cuestión que también colocó en emergencia a la administración de justicia, en especial del Fuero Contencioso Administrativo Federal.
4º. Listado de los jueces que entienden en la materia, en especial los jueces federales, causas que tienen radicadas cada uno y cantidad de casos resueltos favorablemente por cada uno de ellos desde el origen del problema.
5º Nómina de personas que han resultado beneficiarias ya sea como resultado de medidas cautelares, medidas autosatisfactorias y sentencias definitivas referidas a acciones judiciales iniciadas a partir dc la fecha del dictado del decreto 1.570/01.
6º Entidades de crédito que hayan sido demandadas en su carácter de depositarias de dólares u otra moneda extranjera.
7º Listado de letrados intervinientes en los procesos judiciales de referencia, en representación o patrocinio de la parte actora.
8º. Listado de letrados intervinientes en representación del Banco Central, en especial en los autos donde se concretó la devolución de fondos.
9.º Se solicita se remita copia de cualquier información estadística con relación a los procesos de referencia que hayan tenido resolución favorable o medida cautelar ejecutada.
10º Se sirva especificar fecha dc inicio de cada acción judicial con sentencia favorable, indicando la fecha del dictado de esta última.
11º Se detallen los procesos en los cuales las medidas dispuestas hayan superado el monto de 30.000 dólares estadounidenses."
Si bien las distintas salas y la primera instancia del fuero Contencioso Administrativo Federal aún no fueron notificadas formalmente, existe coincidencia entre los jueces en que el pedido es hoy por hoy materialmente imposible de cumplir ya que cada juzgado tiene por lo menos 10 mil causas que se deberían incluir en el informe.
Además, aseveraron que dado que el fuero no tienen un sistema informático adecuado, ese tipo de estadísticas se deberán realizar en forma manual, debiendo rastrear por cada secretaría los miles de expedientes que se están sustanciando o que ya están en la Cámara.
"Esos datos los tiene el Banco Central o la Secretaría General del fuero, yo no puedo poner a mis empleados, que ya bastante hicieron durante este año, a hacer esto en desmedro de los expedientes sobre los de deben trabajar durante el año", comentó una magistrada al enterarse de la pronta llegada del pedido.
Esa juez indicó que ella no tendría problema en facilitar las actas y los libros para que se saquen los datos, pero con la condición de que "le manden gente a hacer eso" , ya que remarcó que ese pedido les genera una tarea de varios meses de investigación y dedicación.
"Es lo mismo que me pidan que diga en cuantas causas del año pasado acepté las demandas, es una locura ese tipo de pedidos, más teniendo en cuenta todo lo que sufrió este fuero durante el año", aseveró la magistrada, en estricto off the record.