04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

GUSTO.

 
Fue el que se dio el silencioso secretario de justicia Guillermo De Sanctis, impulsor de la primer hora y en tiempos de Vanossi de la fijación de algún tipo de mecanismo de control para el tema de la avalancha de amparos por los plazos fijos en el corralito –hoy ya una anécdota-. El diputado devenido viceministro le comunicó hace pocos días al presidente de la Corte, Julio Nazareno, que los jueces debían informar cuanto antes los datos de todos los expedientes en los que tramitaron rescates de depósitos incluyendo número total de causas, carátula y radicación de los expedientes, listado de jueces actuantes, en especial los federales y casos resueltos favorablemente por cada uno de ellos, así como también nómina de beneficiarios y listado de abogados patrocinantes, con especial énfasis en aquellos procesos con monto superior a U$S 30.000. Sin embargo De Sanctis, que había propuesto la medida en febrero, reflexionaba que una cosa es pagar el costo por “macartista” cuando en el medio de los picos de fugas de dinero, la medida podía haber dado un resultado, y otra es pagar el costo “sobre la leche derramada” cuando ya no hay fugas que parar. De todos modos, la nota de De Sanctis está apoyada en una resolución de la Cámara de Diputados, que como siempre, con la velocidad que los caracteriza, sacaron la medida a destiempo, cuando ya no sirve como dique para frenar el drenaje de dólares. Lo que quizá puedan develar los datos de este registro, es si la Argentina, lejos de aprender historias pasadas, con estas medidas recreó un escenario para una nueva reedición de su tan malafamado capítulo de la “industria del juicio”.

PEREGRINAJE. Es el que emprenderán este lunes representantes del Consejo de la Magistratura con la intención de entrevistarse con Roberto Lavagna para tratar el tema del presupuesto que se destinará a la Justicia para el año 2003. La intención de los consejeros es persuadir al ministro de que una poda en la asignación destinada a la justicia “puede provocar una situación de parálisis de la actividad judicial”, tal como lo expresaron hace unos días en una carta que hicieron circular por las redacciones de distintos medios de comunicación. La comitiva del consejo estará conformada por los integrantes de la Comisión de Labor compuesta por los presidentes de las demás comisiones del cuerpo: Bindo Caviglione Fraga, Eduardo Orio, Marcelo Stubrin, Miguel Angel Pichetto, Humberto Quiroga Lavié y la flamente vicepresidenta del cuerpo Leila Chaya. El tema parece que va a ser duro: Lavagna viene curtido de los repetidos fracasos ante el FMI –ya sabe lo que es ir a pedir y que no le den, y ahora le toca jugar del otro lado del mostrador- mientras que desde el Consejo tienen la posición de no resignar un sólo peso de lo que les corresponde: el Poder Judicial está en una situación presupuestaria límite después de tanto amparo a troche y moche. Los que conocen la cocina de los juzgados de cerca, comentan que si bien durante los últimos años, la situación no era de las mejores –las condiciones edilicias en donde se mueve la Justicia son deplorables en más de un caso desde hace muchísimo tiempo y ahora ha llegado a límites que parecen insostenibles–, pero como dice el sabio dicho popular, siempre se puede estar peor. Sin embargo, gran parte de la burocracia de la justicia está basada en la entronización del rito del papel, todo por escrito, pilas de expedientes, oficios que van que vuelven y que se acumulan. ¿No habrá llegado la hora de aplicar soluciones inteligentes para salir de la crisis? Durante los últimos años, se ha invertido mucho y descordinadamente en el rubro sistemas del Poder Judicial, pero lo cierto es que están y no son aprovechados al máximo de su potencial. Computadoras hay, personal idóneo hay, redes hay, tecnología hay, pero creatividad no hay. Habría que preguntarle a jueces como Erlich Moreno, incansable remador contra la corriente de la burocracia papelera, que pugna por transformar en bits la añosa costumbre de coser expedientes. Pocos comprenden que la tecnología, lejos de ser un lujo, es un formidable abaratador de costos. Sólo hay que utilizarla con un poco de sentido común y visión de futuro.

CAJONEADO VIP. En octubre los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo enviaron a la Corte un pedido de audiencia. El motivo era ser recibidos por los ministros, para manifestarles su preocupación por la enorme cantidad de expedientes sobre el corralito y derivados, que llegaban desde la primera instancia vía apelaciones. Cansados de la espera, y más que intrigados (al principio pensaron que el vaivén al que había sido sometido el alto tribunal con el intento de remoción del que fue objeto, era el responsable de la demora) se abocaron a averiguar sobre el tema. Grande fue la sorpresa cuando se enteraron, hace escasísimos días que el pedido nunca pasó de la mesa de entradas de la Corte. Si esto le pasa a los camaristas el fuero estrella del 2002, ¿qué le queda a aquel valiente que se aventure en los laberínticos vericuetos del alto tribunal sin pergaminos tan precisos? Como Teseo en busca del terrible Minotauro deberán atarse el piolín al dedo índice y encomendarse a los dioses. La escandalosa demora –fueron más de tres meses- es posible que sea objeto del próximo plenario del fuero. Mientras tanto, una de las alternativas que se barajan los contenciosos, es intentar contar con la gracia de Nicolás Reyes, influyente administador general, a quien se le reconocen comprobadas dotes en el arte de la difícil diplomacia cortesana. Sin embargo, quienes lo tratan de cerca, confirmaron que últimamente el bautizado ministro número 10 de la corte, no responde llamados ni de amigos ni de enemigos. ¿Qué lo tendrá tan atareado?

SORPRENDIDAS. Resultaron todas las partes en el juicio oral y público por el atentado a la AMIA por la decisión del preso clave del caso, Carlos Alberto Telleldín, de separar de su defensa a Luis Sasso, el abogado que lo representó desde el comienzo de la audiencia oral, en el lejano setiembre del año pasado. La mayoría de los abogados se enteraron por Diariodeljuicio.com, que lo anticipó en sus “urgentes” y comenzaron a tejer cavilaciones sobre el por qué de la intempestiva decisión del enano, tal el apodo familiar del sindicado partícipe necesario del atentado del 18 de julio de 1994. La sorpresa se extendió al propio Sasso, que conoció la noticia de su separación del caso muy poco antes que la prensa porque Telleldín no tuvo la deferencia de llamarlo, lo que habla a las claras del enfriamiento extremo de las relaciones. Más allá de las cavilaciones de pasillo, este diario pudo saber en fuentes confiables que Telleldín estaba enojado porque, según entendía, su abogado le prestaba “poca atención”, aunque prácticamente todos los días visitaban al imputado en su celda “VIP” de Villa Devoto las dos jóvenes abogadas que trabajaban con Sasso, Laura Fechino y Andrea Novello. La otra versión es la que el mismo Telleldín oficializó en la nota que su abogado de siempre, Víctor Stinfale, presentó en el Tribunal Oral: que Sasso mantenía “relaciones” con otras partes en el juicio contrarias a sus intereses. En seguida, muy cerca del Telleldín, se echó a rodar la versión de que las relaciones especiales eran con la defensa del comisario Juan José Ribelli. Sin embargo, enseguida observadores agudos indicaron que, en todo caso, es mucho mayor la estrechez que mantiene Martín Cerolini (que también defiende policías) con Stinfale, quien, con la salida de Sasso, parece recuperar terreno en la defensa del enano desde donde se adelantó que ahora se lo verá “más seguido” en el juicio. Sin embargo, desde aquí nos permitimos agregar una tercera alternativa. Hace algunas semanas, Telleldin le dijo a Diariodeljuicio.com en una entrevista exclusiva que no pensaba volver a declarar porque ya había dicho todo lo que tenía que decir en su defensa. Si esto es así, la separación de Sasso tal vez sea solamente una cuestión de ahorro en honorarios.



alejandro s. williams / dju
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