La justicia española lo acusa de “pertenencia a banda armada” por haber planificado en 1984 ataques con bombas contra una caravana policial de la que resultaron heridos numerosos efectivos, como también de atentar con la misma modalidad contra sedes bancarias.
Freiler consideró un “hecho raro” que Uruguay se haya negado en 1992 a otorgar la extradición, tanto de este hombre como de otras personas de origen vasco sospechadas de terrorismo en España y ahora, ante un nuevo pedido del juez español Baltasar Garzón, se lo haya deportado a la Argentina.
De acuerdo con la información preveniente del Uruguay, la justicia de ese país encontró material en poder de Iriondo vinculado con actividades de la ETA y lo declaró “extranjero indeseable”, por lo cual lo expulsó a la Argentina, lugar desde donde habría ingresado originalmente en la década de los años 80.
“Lo que no entendemos es que Iriondo haya estado dos décadas en el Uruguay, donde formó familia y regenteó un comercio, sin que las autoridades de ese país se preocupara por sus antecedentes en todo ese tiempo”, dijo Freiler.
Iriondo, a quien estaban asistiendo los abogados Sergio Schoklender y Gustavo Piantino, solicitó sin suerte ser considerado "refugiado político" en la Argentina apenas fue sometido a la audiencia de identificación.