La división de Delitos Informáticos del Cuerpo Nacional de Policía de España, fue el encargado de las investigaciones, y según informó Europa Press, las imágenes que podían verse en el sitio de la escuela eran especialmente chocantes ya que pertenecían a personas torturadas a las que se añadía como pie los nombres y asignaturas correspondientes a cada profesor. El instituto educativo, quizá influenciado por la posibilidad de la responsabilidad solidaria por un presunto delito, ha considerado que el accionar de los menores no fue simplemente una broma de mal gusto, típica del accionar adolescente, entendiendo que hay un componente indudable de “animus injuriandi” para con los profesores.
Los jóvenes quedaron finalmente en libertad y en custodia de sus progenitores, luego de habérseles tomado declaración. El artículo 211 Código Penal español establece que los delitos de calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante. Internet, justamente, posibilita la difusión de un contenido en muchísimos lugares distintos al mismo tiempo, generando que la propagación de la calumnia o injuria sea infinitamente superior.