Es que en el nuevo decreto, publicado en el boletín oficial, si bien se permite a los agentes a hablar sobre investigaciones que involucraran a ciudadanos extranjeros, sorpresivamente se limita la declaración a sólo a cinco directores y jefes de área del organismo, lo que deja sin posibilidad de contestar nada a otros tantos agentes subalternos, que figuran desde el principio del juicio en la lista de testigo.
Así como están las cosas ahora, sólo podrían declarar relevados del secreto de guardar silencio el ex jefe de la SIDE en tiempos de Carlos Menem, Hugo Anzorreguy y dos directores, Patricio Pfinnen y Jaime Stiusso, junto a otros dos jefes, Jorge Lucas y Gerardo Brousson . No sólo eso, fuentes del juicio destacaron que con la nueva limitación inserta en el decreto 41/2003, tampoco podrían declarar otros agentes del organismo cuyos nombres aparecieron en el debate oral, como Daniel Romero, quien confesó en un programa de televisión haber filmado las entrevistas que mantuvo en la cárcel el preso clave del caso, Carlos Telleldín, con el ex capitán del Ejército Héctor Vergéz, quien según denunció luego la mujer de Telleldín, Ana Boragni, le abría ofrecido dinero a cambio de que desviaran la investigación a un callejón sin salida.
Otro ex agente cuyo testimonio fue admitido por el tribunal en las últimas audiencias del año pasado es Héctor Magnolo, que fue señalado por otro de los acusados, el ex comisario Juan José Ribelli, como uno de los supuestos intermediarios de la SIDE en el pago de 400.000 dólares a Carlos Telleldín antes de la declaración contra los bonaerenses.
Fuentes del Tribunal Oral reconocieron que con las limitaciones impuestas por el último decreto presidencial estos dos testigos que surgieron del debate no podrían declarar o, lo que es lo mismo, se escudarían en el secreto de estado para no develar sus actividades.
Este diario pudo saber que el Tribunal está estudiando por estas horas los pasos a seguir, y no estarían dispuestos a resignarse a las nuevas limitaciones impuestas desde el Ejecutivo. En particular, considerarían como una insólita marcha atrás la disposición de que declaren sólo los jefes, si se tiene en cuenta el primer decreto (el 490, de marzo de 2002) que, visto ahora, resultó más amplio.
Una alternativa que se barajaba como posible en los pasillos del juicio es que el Tribunal resuelva poner sus propias reglas de juego y llame a declarar igual a los agentes. Esto desataría un conflicto entre el Ejecutivo y el Judicial que terminaría, probablemente, en la mismísima Corte Suprema.