Ariel Kaplán, abogado del foro que nuclea a las asociaciones de Consumidores dijo que el aumento que quedaría habilitado tras el decreto “no tiene sentido mientras estamos en un proceso de renegociación” y remarcó que “es absolutamente ilegal, inconstitucional e inconveniente para la marcha de la renegociación de tarifas”.
Por su parte, la Ombudsman porteña, Alicia Oliveira, calificó como “un dislate jurídico” la estrategia del gobierno, comunicada oficialmente este mediodía. Y remarcó que la suba generaría un “efecto dominó porque van a aumentar todos los precios”.
Oliveira calificó de “tecnócrata” al ministro de Economía, Roberto Lavagna, y dijo que el gobierno “deja de lado la Constitución, las leyes, todo” y advirtió que “los decretos de necesidad y urgencia no pueden modificar una ley, y mucho menos simplemente para hacerles un favor a los amigos”.
La defensora del pueblo porteña relató que su oficina está a la espera de la publicación del decreto en el Boletín Oficial, y adelantó que recurrirá a la Justicia. “No es para esto que se han hecho los decretos de necesidad y urgencia”, remarcó.
Esquivando la justicia
La decisión del Poder Ejecutivo de reasignarse la potestad de regular las tarifas –un resorte que estaba en manos del Congreso de la Nación- fue anunciada oficialmente este mediodía por el vocero presidencial, Luis Verdi, quien aclaró que aún no se firmó ninguna norma gubernamental para imponer un aumento de tarifas.
Según se explicó oficialmente, el decreto anunciado hoy dispone la modificación de los artículos 8 y 9 de la ley 25.561 de Emergencia Pública y Régimen Cambiario, que fue aprobada y promulgada parcialmente el 6 de enero de 2002.
De cualquier forma, Verdi indicó que se insistirá en buscar “retoques en el cuadro tarifario”, pero recién cuando el decreto anunciado hoy “quede firme” y publicado en el Boletín Oficial.
El funcionario aseguró además que se trata de una medida “transitoria hasta tanto se puedan volver a efectuar las audiencias públicas”, mecanismo fijado por ley para debatir los reajustes de tarifas.
Antes que el anuncio del vocero, el mismo presidente Eduardo Duhalde había adelantado en un reportaje radial que estaba en estudio un decreto que no fuera cuestionado por la justicia, para lograr el incremento de tarifas, suspendido desde diciembre pasado.
Para el presidente, los incrementos en los servicios oscilarían entre “1,5 a 2 pesos por mes” y mantendría las iniciativa de la “tarifa social”, por la que “el 40 por ciento de los consumidores” no sufrirían aumentos.
Duhalde dijo que el texto del decreto es similar al que se planteó en su momento “que implicaba una tarifa social y una suba de dos pesos máximo para el usuario”, dijo el presidente. “No es nada que se pueda calificar de tarifazo”, remarcó.
Por su parte, la titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA), Sandra González, se refirió al anuncio oficial y cuestiono el carácter transitorio de la medida. “¿Porqué no adoptan una medida transitoria en favor de los consumidores y usuarios, y gobiernan para la gente?", se preguntó González.
Además, la titular de ADECUA reiteró que “si se habilitan aumentos por la vía de un decreto, una vez que estos sean publicados en el Boletín Oficial recurriremos otra vez a la justicia”.