La demanda fue presentada el lunes por abogados que representan a españoles y venezolanos muertos en actos de violencia callejera en Venezuela.
Los abogados basaron su demanda en la misma cláusula de las leyes españolas invocada en 1998, cuando el juez Baltasar Garzón trató de traer a España al ex dictador chileno Augusto Pinochet por acusaciones de genocidio.
La cláusula afirma que España tiene jurisdicción sobre casos de genocidio y delitos de lesa humanidad aún cuando esos delitos no hayan ocurrido en el país.
La Audiencia Nacional dictaminó que España tenía jurisdicción en el caso de Pinochet, pero Gran Bretaña, donde el general chileno fue detenido por órdenes de Garzón, lo dejó luego en libertad por motivos de salud.
En el caso de Chávez, los abogados afirman que el mandatario venezolano ha organizado sistemáticamente pandillas armadas para atacar a la oposición y mantenerlo en el poder, y que organizó los choques del 11 de abril en que murieron 19 venezolanos y centenares más resultaron heridos.