Como se preveía, el juez en lo contencioso administrativo federal Martín Silva Garretón no habilitó la feria para tratar las distintas impugnaciones a los aumentos presentadas.
Desde la Defensoría se informó a Diariojudicial.com que el nuevo pedido se presentará la semana próxima, pedido que se sumará a otro, de su par de la Ciudad de Buenos Aires.
La suba del 7,2 por ciento en las boletas del gas y del 9 en las de la luz es duramente cuestionada por las entidades de defensa de los consumidores por cuanto entienden que no solamente afectará el valor del servicio sino que influirá decididamente en los precios de la canasta familiar.
La titular de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de Argentina (ADECUA), Sandra González, dijo que desde la puesta en marcha de la Convertibilidad el precio del gas aumentó el 121 por ciento. “De manera que nos preguntamos al Gobierno cuánto aumentaron los salarios de la gente”, dijo González.
Desde el Gobierno sostienen que el incremento es necesario por cuanto de otro modo se verían deteriorado los servicios y que tendría su correlato, por ejemplo, en la presencia de algunos apagones, como el que hoy afectó al porteño barrio de Núñez.
Las defensorías y las entidades de defensa de los consumidores señalan que el aumento por decreto es violatorio de la ley de Emergencia Pública 25.561 que establece mecanismos consensuados para autorizar cualquier modificación en los contratos de concesión con las empresas privatizadas.
Habida cuenta de que la Justicia ya había frenado en diciembre último el primer anuncio de aumentos, el Poder Ejecutivo echó mano a un decreto de necesidad y urgencia (120/03) que le arroga transitoriamente la potestad de decidir sobre las tarifas.