Según los voceros, la presentación fue elaborada por los abogados Zenón Ceballos, Fernando Díaz Cantón y Miguel Almeyda, quienes en la jornada de hoy dejaron el escrito radicado en la mesa de entradas del alto tribunal.
El fin que persigue el recurso es que los ministros dejen sin efecto una medida de la Sala I de la Cámara Federal, cuyos integrantes indicaron que el ex jefe de Estado debía ser interrogado como responsable en cinco hechos del delito de "homicidio culposo”.
La imputación esta centraba en las muertes de Gustavo Benedetto, Alberto Márquez, Diego Lamagna, Gastón Riva y Gustavo Almirón, quienes murieron producto de la represión policial que se vivió en esa fecha en la cercanías de la Plaza de Mayo.
Para los camaristas, tanto De la Rúa como su ministro del Interior, Ramón Mestre, son responsables por esas muertes porque en la causa se demostró que la orden de reprimir fue una “decisión política” del gobierno.
En cambio, en el recurso presentado por los abogados del ex presidente señalaron que los hechos que derivaron en la caída del gobierno de la Alianza "excedieron el ámbito de responsabilidad" del ex jefe de Estado”.
Ante esa afirmación calificaron de “concepción arbitraria" los episodios que constan en la causa y el llamado para que De la Rúa preste declaración indagatoria; recordemos que la misma hasta el momento no tiene fecha.
Hacia fines de 2002 los defensores del ex presidente intentaron apelar por vía del "recurso extraordinario" ante la Corte tal decisión, sin embargo ese intento fue rechazado por la sala I, con las firmas de los camaristas Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo.
Tras esa decisión de la Cámara, fuentes de la causa dijeron que “de un momento a otro”, la juez Servini le iba a poner fecha a la declaración de De la Rúa, lo que no ocurrió hasta el momento, aunque las mismas fuentes indicaron que más allá de la apelación en la Corte “el camino para la citación de De la Rúa está despejado”.
Servini ya había indagado a De la Rúa en el marco de la causa por la represión en el centro porteño el 2 de abril del año pasado, aunque sólo en torno a la responsabilidad de 29 detenciones que realizó la Policía durante la mañana del 20 de diciembre de 2001.
En esa oportunidad, De la Rúa defendió la “absoluta juridicidad “ de las decisiones adoptadas por su gobierno, incluyendo la declaración del estado de sitio y el decreto por el cual quedaban a disposición del Poder Ejecutivo Nacional esas 29 personas, entre las que, se supo luego, había no sólo manifestantes sino también personas que concurrían a sus empleos en el microcentro porteño.