En un escrito de 22 páginas que DiarioJudicial.Com publica íntegro, Padilla justifica primero su incorporación al expediente bajo la figura de “amicus curiae”, porque -aseguró- “cree advertir que resoluciones adoptadas en ciertos casos son equivocadas y pueden aún encerrar el riesgo de sentar un precedente”.
Para Padilla su presentación en este caso es más necesaria cuando, asegura, “la cuestión es -como en esta causa- de interés que excede el de los directamente afectados por una decisión concreta”.
Más adelante, Padilla remarca que “en algún momento, es absolutamente imprescindible cerrar penosos capítulos de nuestra historia reciente, aún en detrimento de propósitos de castigo o pena” y asegura que “ésta es la opinión absolutamente mayoritaria en nuestra comunidad”.
En esa línea, en su presentación el letrado asegura también que no contribuir desde la justicia a “cerrar” definitivamente la judicialización de los delitos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura contraría “la defensa de los intereses generales de la sociedad”, que -remarca Padilla- los funcionarios judiciales deben defender.
Más adelante, Padilla rechaza la validez de los tratados internacionales firmados por la Argentina que tengan relación con los delitos de lesa humanidad porque fueron ratificados después de los delitos que se juzgan en las causas donde se declaró la inconstitucionalidad de las leyes.
Un fallo esperado
Más allá del futuro de la presentación de Padilla, es cierto que el fallo de la Corte en torno a la causa en la fue procesado entre otros el ex policía federal Julio Simón, alias “el Turco Julián” es esperado en estamentos que exceden el Poder Judicial.
Si bien el tema siempre queda oculto bajo otros más urgentes en manos de la Corte, en especial los vinculados a la posible redolarización de los depósitos, la decisión en torno a las llamadas leyes de amnistía es aguardada entre otros ámbitos, en el ministerio de Defensa.
El responsable del área, Horacio Jaunarena, no ocultó en su momento la preocupación de las Fuerzas Armadas si la Corte decide dar marchar atrás y declarar inconstitucional el Punto Final y la Obediencia Debida.
Si esto ocurre, implicaría la aceleración automática de otras causas que esperan en la justicia federal donde también se cuestionaron las leyes. El fallo más reciente confirmado por la Cámara Federal es del juez federal Claudio Bonadío, por el cual quedaron procesados con prisión preventiva trece ex militares, imputados por la desaparición de una veintena de militantes de la organización Montoneros en los últimos años de la dictadura militar.