Jorge Lanata, Raúl Kollmann y Román Lejtman fueron convocados como testigos en la etapa donde se debate una acusación de cohecho contra el ex comisario bonaerense Juan José Ribelli, denunciado por el juez Juan José Galeano por entregarle un video donde se registró una charla clave que el magistrado mantuvo con uno de los sindicados partícipes necesarios del atentado, Carlos Telleldín.
Lanata fue el primero que exhibió el video en televisión, en marzo de 1995. “Todos querían que no lo pasara, porque había que evitar que le sacaran la causa a Galeano”, aseguró el periodista y remarcó que el decidió emitirlo en la convicción de que “era mejor que la causa AMIA saliera de ese juzgado”.
Pero más allá de los contundentes dichos del testigo, sobre quien varios abogados opinaron que el Tribunal lo dejó perderse en devaneos infructuosos, los que llegaron a aportar datos de peso fueron Kollmann primero y Lejtman luego, ambos en el cierre de la jornada del miercoles.
En una extensa declaración, Kollmann no se amparó en la protección de las fuentes periodísticas y sorprendió con su locuacidad y precisión a los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo que en varios tramos tomaron nota con fruición.
Kollmann explicó que “muy poco tiempo después” del atentado se reunió con Diego Barreda y Mario Bareiro, otros dos acusados en este juicio oral, y contó que los dos policías le confesaron que ellos prepararon el apriete a Telleldín y para que “el oficial Pino” le quitara la Trafic que, una semana después, estallaría en la AMIA. Luego, para que no quedaran dudas, el periodista redondeó: “Pino era Anastasio Irineo Leal”, hoy por hoy también acusado como participe necesario del atentado.
Fuentes de la querella de la AMIA, DAIA y Familiares entendieron que estas definiciones del periodista no fueron un dato menor, y remarcaron también la relación “regular” que Kollmann entabló con Telleldín, quien hasta ahora lo llama desde la cárcel de Devoto. Los querellantes rescataron que en esas charlas, según contó Kollmann, Telleldín fue contando la relación que mantenía con los policías bonaerenses que le cobraban “peaje” para delinquir.
"Esto es muy importante, porque confirma que acá no se inventó la pista policial, porque Telleldín comenzó a hablar de los policías ante estos periodistas, mucho antes que en la causa", explicó, eufórico, un abogado de la querella unificada, ya sobre la madrugada del jueves en Comodoro Py.
El secreto profesional
Pero así como Kollmann habló sin empachos, ya sobre la noche de ayer, llegó al estrado el periodista Román Lejtman, quien sí se amparó en el derecho de la protección de las fuentes periodísticas para no revelar qué funcionario de la presidencia de la Nación le ofreció “300.000 dólares” para que el preso clave del caso AMIA, Carlos Telleldín contara su verdad sobre el cambio de manos de la camioneta bomba.
“Me amparo en el secreto de las fuentes, sin éste no existiría el periodismo”, se defendió Lejtman cuando el fiscal Miguel Ángel Romero le pidió nombres para aclarar quién desde el gobierno nacional en tiempos de Carlos Menem estuvo dispuesto a financiar la confesión de Telleldín. Los defensores respaldaron en bloque al fiscal y los querellantes se opusieron. Los jueces por su parte, deliberaron unos minutos y pasaron a un cuarto intermedio para discutir el asunto en profundidad.
Después de 30 minutos de receso, los jueces llegaron a una resolución por mayoría. Larrambebere y Gordo entendieron que no se verificó que los hechos relatados por Letjman “hayan sido obtenidos ilícitamente ni tampoco que emanen del ejercicio de una actividad distinta a la periodística”, por lo que el hombre de prensa podía ampararse en la letra del artículo 43 de la Constitución Nacional, que consagra la protección de las fuentes.
Por el contrario, el juez Pons entendió que era “imprescindible” conocer la identidad del funcionario, porque podía “resultar trascendente a los efectos de dilucidar la culpabilidad o inocencia de algunas de las personas sometidas a proceso” y opinó que se debía intimar al testigo a que responda sin secretos porque la protección de las fuentes no puede “prevalecer sobre garantías de idéntica o superior jerarquía previstas en el artículo 18 de la Constitución”, que consagra el derecho de defensa.
El pleito resuelto a favor del periodista contradice la postura que en primera instancia mantuvo el juez federal Claudio Bonadío, quien en dos oportunidades relevó al periodista del secreto profesional y lo conminó a que revelara la fuente que en el gobierno le ofreció seguir adelante con el libro de Telleldín.