22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

CONMOCIÓN.

 
Y también tristeza, por partes iguales, produjo la declaración del ex secretario federal de Juan José Galeano, Javier De Gamas, en el juicio oral y público por el atentado contra la AMIA. Conmoción entre los querellantes, que esperaban que De Gamas defendiera lo hecho durante la extensísima instrucción de la causa y tristeza entre los familiares de las víctimas, que conocen de los esfuerzos realizados por años por este secretario, que -cuentan- recaló en el fuero federal de Ushuaia por quedar agotado tras los primeros años de investigación. La audiencia tras la cual De Gamas resultó arrestado terminó cerca de las seis de la mañana, hora en que hubo febriles llamados telefónicos para comunicar la mala nueva: la investigación había quedado en el banquillo de los acusados. “En los primeros años trabajamos mucho con De Gamas, nos dio mucha pena verlo así”, explicó la madre de una de las víctimas de la AMIA y recordó que el funcionario “ni siquiera tomó la soga” que le tiró el abogado de Familiares y Amigos de las Víctimas, Julio Federik, quien le preguntó si había “tomado algo” antes de llegar a la audiencia, pese a ser el abogado que había advertido que "si el Tribunal no encauza más severamente las preguntas, el juicio durará más meses de lo que está previsto". Tal era la conmoción por la pobre performance de De Gamas que a nadie le resultó extraña la pregunta que, como otras, el testigo no respondió. Las cosas cambiaron al día siguiente, cuando se sentó en el banquillo la secretaria federal Susana Spina, quien defendió a rajatabla la investigación y hasta se trenzó en discusiones a los gritos con el presidente del Tribunal, Guillermo Gordo, quien se irritó tanto cuando la mujer lo interrumpió que convocó sorpresivamente a un cuarto intermedio, seguramente para contar hasta mil y dejar que las aguas se aquieten. Igual, se pronostican nubarrones de tormenta hacia el martes, cuando Spina vuelva al escritorio de los testigos. Esta vez, el presidente será Gerardo Larramabebere, quien sí sabe lo que es ser juez en causas complejas como la que él instruyó por el sangriento copamiento al cuartel de La Tablada, donde junto a los fiscales Pablo Quiroga y Raúl Plée, resultó acusado de mal desempeño en sus funciones y ocultamiento de pruebas por parte de los familiares de los militantes del MTP. Seguramente este caso le habrá servido de experiencia para saber distinguir entre quienes se arremangan a tiempo completo para cumplir con su ideal de justicia lo más dignamente posible y quienes pretenden erigirse en sus victimarios, como en el caso de Telleldín y los policías acusados, que parecen jugar todas sus fichas a que el juicio se caiga. (Especial de Diariodeljuicio.com)

NEGOCIACIONES. Al lento proceso de designación de jueces que viene a representar los tiempos del Consejo de la Magistratura, se suman las demoras que se producen en las instancias del Poder Ejecutivo. Varias son las vacantes a cubrir en este momento, donde se destacan por la cantidad de magistrados involucrados, los concursos correspondientes a los Tribunales Orales Criminales y a la Cámara Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires. En el primero las vacantes a cubrir son 6 y 5 en el segundo. Ambos concursos fueron convocados promediando el 2000 y aunque se encuentran resueltos hace algunos meses todavía no hay novedades. La situación es preocupante en primer lugar por el tiempo excesivo en resolver la cuestión, conviviendo con la merma de trabajo que ello representa para los órganos involucrados, donde la CCC es la más resentida. También lo es por la cantidad de personas involucradas, donde no sólo se cuentan esas once plazas a cubrir sino las plazas que esos candidatos dejan. Es que pese a las expectativas que generaron los concursos, son contados los casos en que los abogados de la matrícula se animan a dejar su actividad privada para ingresar en la justicia, o presentados en los concursos logran subirse al podio de la terna. En esta numerosa movida, todos son miembros del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público, lo que genera una enorme expectativa en cadena. Un capítulo más del actual largo proceso de designación de jueces donde las cosas, si bien han mejorado por lo que los concursos representan, no lucen por las demoras injustificadas en designar a sus ganadores, quedando siempre lejos el logro de un eficiente funcionamiento del sistema.

PROYECTISMOS. El Consejo de la Magistratura tomó la decisión de continuar con el conocido proyecto del Juzgado Modelo, ese promocionado plan por modernizar la justicia en tiempos de De la Rúa, que hasta el momento de modelo tuvo poco dado que pasó el tiempo y nunca dio los resultados que generaron sus ambiciosas expectativas y sus ilustrados folletos. Al decidir continuar con el proyecto, el Consejo vivió un intenso debate en donde se puso énfasis sobre la oportunidad de seguir adelante o frenar definitivamente el plan que se nutre de desembolsos del Banco Mundial y que forman parte de la ya de por si abultada deuda externa argentina, más otro tanto que aporta el Estado argentino. Pero a pesar que se escuchó la frase de que hasta el momento “el alto costo que ha asumido la ejecución del programa y el extenso tiempo transcurrido desde su inicio no concuerdan con resultados razonablemente esperados” el cuerpo decidió darle quizás una última oportunidad al proyecto, que en su momento contó con la coordinación de Virginia Simari, quien luego de transitar por uno de los momentos más dolorosos que puede experimentar una madre, reinicia actualmente una vigorosa tarea dentro de la Asociación de Magistrados. Como ocurre siempre en estos casos, los consejeros crearon una comisión que estará encargada de seguir de cerca la instrumentación de las etapas del plan. Dando el primer paso y al igual que en la experiencia de otros países de latinoamérica, se firmó hace pocos días un contrato con las empresas Unitech y DDS, que tendrán a su cargo el diseño e implementación del nuevo modelo en doce juzgados a modo de experiencia piloto. Por medio de ese convenio se dispuso que para el 2004 el plan deberá estar funcionando en tres juzgados civiles, tres comerciales, cuatro de la seguridad social, uno de Mar del Plata y otro de Chaco. Lo mismo pero distinto.

TODO CAMBIA. Otros era los aires que soplaban en la justicia en los albores de la democracia. La Cámara Federal porteña era vista por los ojos del mundo en ocasión el histórico juicio a las Juntas militares. La titularidad de la fiscalía que acusó a los jerarcas del Proceso estaba ocupada por el fiscal Julio Cesar Strassera, a quien secundaba Luis Moreno Ocampo, que tras su paso por la justicia fue metamorfoseando su imagen acorde con los tiempos, adquiriendo un aire “yuppie” que nunca abandonó.Al alejarse Strassera y Moreno Ocampo de la Fiscalía, ocupó el lugar un joven con aire prolijito y amante del bajo perfil, que con formación de Liceo solo “aflojaba” cuando iniciaba con los ocasionales vistantes una ronda de mate. Con la reforma en la justicia se creó la Cámara de Casación Penal y el joven fiscal saltó a ocupar un sitial en la Sala IV del Tribunal, integrada en su mayoría por mujeres y reservada para tratar asuntos militares (se la conocía por entonces como la Sala Militar). El joven en cuestión, hoy ya maduro y padre de familia, debió haber sentido un incontenible deseo de cambio y de aggiornarse a los juveniles aires de su bella esposa, ya que en una reunión social un camarista del crimen admite que le costó reconocerlo, lo mismo que sucedió días atrás cuando, al responder un saludo, a un habitante de los tribunales de Retiro le costó reconocer detrás de una frondosa barba, complementada con una larga y lacia cabellera al camarista Gustavo Hornos, quien, dicho sea de paso, sigue invitando con yerba mate a sus visitantes.



alejandro s. williams / dju
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