La denuncia fue formulada por el candidato a jefe de gobierno por el Partido Obrero, Marcelo Ramal, quien manifiesta fue víctima de la represión cuando trató de impedir el desalojo de decenas de familias que ocupaban el edificio ubicado en Humberto 1 y Balcarce, el pasado 25 de febrero, en cumplimiento de una orden emanada de Ibarra, con el argumento que existía serio peligro de derrumbe.
La presentación fue acompañada por los dirigentes Juan Carlos Huerta Bau y Pablo Capubila, así como también por la periodista de la agencia alternativa de noticias “Indymedia”, Laura Salazar, quien también manifiesta fue víctima de la represión cuando intentaba registrar el accionar policial.
La denuncia por “abuso de autoridad, torturas, lesiones e incomunicación indebida”, apunta a la responsabilidad que le pudo cabe en los hechos a Ibarra, la Secretaria de Desarrollo Social, Gabriela Marta Gonzalez Gass; el escribano de Gobierno de la Ciudad, Carlos Gaitán, y “los restantes funcionarios que resulten individualizados en la investigación”.
También se solicitó a la juez federal María Servini de Cubría, titular del juzgado federal 1 donde quedó radicada la presentación, que se investigue el accionar del personal policial responsable del operativo y los vejámenes denunciados, mencionándose entre otros al Jefe de la Circunscripción Primera, comisario inspector Jorge Omar Capeci, y de la circunscripción VI, comisario inspector Gustavo Manuel Ramos.
Los denunciantes señalaron que el violento desalojo se produjo por “expresa resolución del gobernador (sic) Anibal Ibarra por medio del decreto 49/2003”, que fue refrendado por su gabinete de Secretarios y subsecretarios, “muchos de los cuales estuvieron presente durante los hechos denunciados”.
Asimismo sostuvieron que de acuerdo con versiones periodísticas “el verdadero propósito del desalojo no sería el declarado sino que se trataría de una operación inmobiliaria”.
Luego de relatar los hechos ocurridos en aquella jornada, en los que se produjeron una 50 detenciones y se registraron heridos de distinta consideración, los denunciantes reclamaron a la justicia que se requiera la nómina completa del personal policial interviniente, entre otras medidas.