En su resolución la justicia catalana consideró que la venta a Vallés se hizo por un "precio real en aquellos momentos" y afirmó que no existió "engaño" en la transacción ni que los imputados se valieron "de ningún artificio, ardid o señuelo".
En ese sentido, en la medida se puede leer que "en la transmisión efectuada por la FCR", si bien "la venta a Vallès está escasamente documentada, ha quedado acreditado que existieron contactos verbales con los Patronos".
En esta causa, Josep Vallés, el asesor de la FCR, José Gaspá y el director informático de Cinet, Jordi Durán Batidor fueron acusados de estafa o apropiación indebida en la venta del buscador Olé por la "posible transmisión sin autorización del Patronato de la Fundación del buscador", según una querella que fuera interpuesta por la entidad Ordenamiento de Links Especializados Internet S.A., presuntamente perjudicada en la transacción.
Al respecto, la justicia fue clara cuando explicó que el "grado de desarrollo alcanzado por el buscador Olé, en el proyecto de la FCR, en el momento de efectuarse la transmisión, no es de ver que sea más que una pequeña base de datos cruzados, que se quedó en la Fundación para seguir usándola por FESTA, nombre con el que siguió trabajando la FCR, habiendo transcurrido únicamente unos meses, desde que lo aportó Josep Vallès a la FCR como colaborador externo, hasta que salió nuevamente de la misma".
Además, se explicó que no concurren los elementos configuradores de un delito de apropiación indebida, "ya que el buscador Olé pertenecía a Josep Vallès" y ante esto expresaron que "difícilmente puede mantenerse que se lo apropió en perjuicio de otro".
La operación de venta de Olé a Telefónica se realizó por medio de la sociedad instrumental luxemburguesa Infosearch Holdings, en la que participaban, entre otros, el ex consejero de Telefónica Martín Velasco a través de la fundación Infantia, con sede en Suiza.
En el año 2002, el fiscal del caso elaboró un informe en el que consideraba que Velasco, entonces consejero de Telefónica, "fue el principal impulsor junto con el entonces presidente Juan Villalonga de la adquisición a través de la filial Telefónica Interactiva de Olé S.L. y del buscador".
De ese modo, se dispuso el archivo parcial de la causa -ya que sigue en pié un posible delito de Hacienda Pública -del que fueron acusados los imputados más Martín Velasco en una ampliación de la querella.
Sobre este posible delito la justicia explicó que estos hechos "merecen ser investigados" ya que "los querellados han realizado una serie de adjudicaciones, transmisiones y cesiones, de sus participaciones sociales, que llevan incorporando la utilización del buscador Olé, cuyo valor parece ser importante, según se desprende de las cifras que se barajan para su cesión a Telefónica o Terra, residenciadas también en territorio extranjero, que aconsejan su investigación por si fueran constitutivos de delito".