Para que Murature sea suspendido el cuerpo primero deberá reunir un mínimo de 12 de sus 20 miembros y luego la decisión debería ser avalada por las dos terceras parte del total de los presentes en ese plenario.
La duda se genera ya que 8 de los 20 integrantes del órgano de justicia están participando en distintas campañas electorales con miras a los próximos comicios presidenciales del 27 de abril.
Según fuentes del Consejo las campañas electorales le podrían significar a Murature, quien fue procesado en una causa judicial por el delito de cohecho, lograr evitar por lo menos por una semana la suspensión que deberá enfrentar si el pleno sostiene el dictamen que el 1 de abril último aprobó la Comisión de Acusación.
Al parecer en el consejo se tiene la convicción de que Murature debería ser suspendido en sus funciones, para luego elevar su caso al Jurado de Enjuiciamiento, instancia que tendría que pronunciarse sobre la expulsión del juez del Poder Judicial.
En el acuerdo los consejeros deberán analizar el dictamen que fuera elaborado por el consejero Jorge Yoma y que contó en Acusación con los votos a favor de los diputados Marcela Rodríguez y Marcelo Stubrin y de los abogados Beinusz Smukler y Luis Pereyra Duarte.
Esta causa se inició por la denuncia del abogado Adrián Maloney en representación de los contadores Miguel y Raúl Mazzeo en donde se le imputó que en su juzgado existían presuntas irregularidades.
Al parecer, un letrado mantenía una relación muy cercana al magistrado, hecho que se vió agravado ya que Murature habría tratado 16 expedientes en donde ese abogado era parte, al tiempo que se comprobó que la gran mayoría de las causas que iniciaban éste y sus socios terminaban en ese juzgado.