Di Lello, en un dictamen remitido a Servini de Cubría requirió el levantamiento de la suspensión que la juez había impuesto a raíz de las impugnaciones hacia la convocatoria simultanea que había efectuado el jefe de gobierno porteño, Anibal Ibarra, para que el próximo 8 de junio se llevaran a cabo las elecciones de diputados nacionales junto con los de legisladores locales y jefe de gobierno.
“Solicito ... al levantamiento de la medida cautelar, para facilitar la misión que compete al orden local”, señaló en su dictamen el representante del ministerio público en referencia a la decisión que deberá adoptar a partir de un pronunciamiento de la juez, el titular del ejecutivo porteño.
En ese sentido, Servini deberá resolver “la cuestión de fondo”, vale decir si Ibarra debe convocar a un nuevo proceso electoral y fija una nueva fecha para las elecciones o si prorroga el que ya está en curso.
En el primero de los casos deberá respetarse el plazo de 90 días a partir de la fecha de convocatoria, según el artículo 54 del Código Electoral Nacional.
En caso de mantenerse la simultaneidad de las elecciones a autoridades locales y diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, el proceso eleccionario deberá regirse por las leyes federales y, por lo tanto, controladas por la Justicia Nacional.
Servini estima que resultaría confuso llevar dos registros de electores paralelo para dos actos comiciales.
El fallo de la Corte advierte que existen convenios entre ambas justicia que podrían zanjar la provisión de los padrones.
El máximo tribunal se pronunció en consonancia con el dictamen del procurador Luis González Warcalde quien sostuvo que la juez “debe seguir interviniendo en el caso pues el conflicto entre la competencia federal y la local para resolver el tema de fondo debe ser resuelto por la primera en virtud de la supremacía constitucional”.
Por su parte, la Secretaría Electoral de la Capital Federal informó hoy que no atenderá durante el próximo fin de semana “atento a la poca afluencia” de público, por lo que convocó a los electores que se hayan visto impedidos de votar el pasado 27 de abril a regularizar su situación el 5 y 6 de mayo próximos.