04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

BRONCA.

 
Sigue cosechando la declaración de ex altos jefes policiales que están pasando en estos días por el juicio oral y público por el atentado contra la AMIA. Pasó con dos ex jefes de la Bonaerense, Orestes Verón y Adolfo Vitelli y también con algunos altos comisarios de la federal. El asunto es que todos llegan el juicio imbuidos por el mismo ánimo: dejar al juez Juan José Galeano “pedaleando en el aire”. Es que todos los que en uno u otro momento tuvieron la responsabilidad de cumplir con la ley orgánica policial y auxiliar a la justicia y no lo hicieron, cubren en el juicio oral sus desaciertos al repetir: “yo cumplía órdenes del juez Galeano”. Pero la gota que rebalsó el vaso fue esta semana, con la declaración del ex jefe del Departamento Protección del Orden Constitucional (DPOC) de la Policía Federal, Carlos Castañeda. Desde el arranque de su declaración, el comisario retirado aseguró que Galeano “estaba todo el día en la dependencia policial”. “Así que el juez era Superman”, dijeron en las oficinas del juzgado federal 9, para explicar cómo hizo el magistrado para desdoblarse de tal forma que podía estar en el DPOC y a la vez tomar declaraciones y seguir la evolución de la investigación desde su despacho, por ese entonces ubicado en el Palacio de Tribunales. Mientras, en otro piso de Comodoro Py, los primeros devaneos de Castañeda en la audiencia provocaron otras reacciones. “Ahora ustedes los periodistas se dan cuenta qué difícil era trabajar con estos tipos”, se escuchó decir a alguien que conoce el expediente desde el minuto cero. La bronca la comparten también los querellantes, que ya están preparando fuertes críticas para exponer en sus alegatos de final de juicio. Es que ya es vox populi que terminarán denunciando a los ex capitostes policiales que se sientan en el banquillo de los testigos sin mostrar ni siquiera el interés cívico por colaborar con la causa. Una actitud que sí tuvieron en cambio muchos vecinos de la zona del desastre, que se sentaron con paciencia a contar cada detalle de la aquella mañana trágica de la que pronto se cumplirán 9 años.

FALTAZOS. Las tareas de la campaña electoral en La Rioja parecen tener muy ocupado al senador Jorge Yoma, a tal punto que los sabuesos de la ONG Poder Ciudadano lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por los faltazos a las deliberaciones de ese cuerpo, ya sea en las de comisión como en los plenarios. “Nada personal”, le respondieron a Yoma cuando éste puso el grito en el cielo por el pedido de remoción por inasistencia, una de las causales que contempla el reglamento general del Consejo, atenuado por reglamentaciones posteriores de ese cuerpo. Yoma asegura que su labor no se vió interrumpida aún cuando el libro de asistencias canta que a los plenarios de este año no concurrió ni una sola vez y que de las diez reuniones de la comisión de Acusación que se llevaron a cabo sólo asistió en dos oportunidades. La denuncia es por “mal desempeño” y los de Poder Ciudadano –la ONG que catapultó a Luis Moreno Ocampo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional- no se andan con chiquitas y piden su remoción. Los allegados aseguran que todo es cuestión de tiempo y que el hombre de los bigotes manubrio anda de campaña intentando ser profeta en su tierra y alcanzar la gobernación de La Rioja peléandose con sus ex hermanos menemistas. Uno de los argumentos esgrimidos apunta a justificar las inasistencias al Consejo en virtud de las nutridas reuniones que mantiene en la Cámara Alta, pero hasta allí también lo persiguieron los celadores-detectives y descubrieron –a través de una simple página oficial de Internet- que las inasistencias se repiten. Para colmo de males, le advierten que el pedido “sólo tiene que ver con la dificultad demostrada en asistir a las reuniones y no con haber demostrado una incapacidad para ser Consejero de la Magistratura”. Cosa de Mandiga, según los informes de Poder Ciudadano, los otros legisladores nacionales tienen asistencia casi perfecta en el cuerpo encargado de la selección y remoción de los jueces.

DISCRIMINACIÓN II. Es firme la oposición de Hugo Germano, presidente del Colegio Público de Abogados, a la propuesta gestada en la Asociación de Magistrados para que se otorgue puntaje a quienes cursen determinada cantidad de horas en la Escuela Judicial de la AMyFJN. Para el Colegio Público “el modelo de juez para los próximos años debe tener también en su configuración las características particulares que surgen de quienes han transitado por la práctica de la profesión, para lo cual la igualdad de oportunidades debe constituir un presupuesto básico” –así decía la carta firmada por Germano-. Ni lerdo ni perezoso, el pope de los abogados porteños propuso que para que el proyecto de los jueces sea admitido, debería aceptarse que el CPACF pudiera ofrecer una oferta de cursos que gozaran del mismo nivel de puntaje ante el Consejo. Así como la semana pasada esta columna dio cuenta del malestar de los magistrados por el criterio que se propone seguir con los candidatos en futuros concursos para jueces o fiscales, en cuanto a premiar con mayor puntaje a aquellos que hubieran accedido a sus cargos a través del Consejo de la Magistratura en detrimento de sus colegas seleccionados con las reglas de la benemérita constitución del 53, esta vez le tocó el turno a los abogados, que pusieron el grito en el cielo. Parece que no se encuentra aún el punto justo que conforme a todos los sectores y que en definitiva garantice lo que se pregona, que la selección de jueces sea transparente y por orden de méritos, sin dar lugar a dudas, “palancas” o avivadas. Mientras tanto las reglas para la suma de puntos amagan con aceptar algunos desniveles más ligados con el azar o los privilegios que con el sentido común: rubios 5 puntos, pecosos 3, altos 32, con juanete se restan 8.

CURIOSIDADES. Parece mentira, pero los reclamos por la liberación de fondos por el corralito y por la pesificación de los depósitos sigue dando tela para cortar. Esta vez, se pudo ver a un camarista del fuero Contencioso Administrativo Federal que, en una charla informal, reveló que lo indignó una razón de excepción que presentó un ahorrista con el fin de recuperar su dinero. El amparista, según el juez, expuso que estaba atravesando un momento de fuerte depresión producto de la crisis económica y que su única medicina sería el hecho de poder disponer de su dinero. Obviamente, expresó el vocal, el pedido fue desestimado: “ahora resulta que aparte de jueces somos doctores que damos remedios”, afirmó el magistrado en un tono muy molesto, no dudando en afirmar que esa forma de querer sacar ventaja nada tiene que ver con la justicia. Si tenemos que decir que por la crisis tenía depresión, creo que todos los argentinos en este último tiempo podemos decir que padecemos el mismo síndrome, pero es más que claro que no podemos considerarla como un razón de excepción de enfermedad, dado que no se estaría siendo justo con aquellos que padecen severas y verdaderas enfermedades. El juez destacó de ese modo que no sólo son los bancos los que muchas veces presentan la llamadas chicanas judiciales con el fin de sacar ventaja en los procesos judiciales.



alejandro s. williams / dju
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