"La Justicia y el nuevo presidente" - Reportaje a Rafael Bielsa

“ La Constitución en el artículo 99 no dice absolutamente nada que pueda vincular al Poder Ejecutivo con la remoción de algún juez y menos con algún ministro de la Corte”.

Rafael Bielsa, aunque él lo desmienta por prudencia política y personal, es el nombre más mencionado para ocupar la cartera de Justicia si el 18 de mayo triunfa Néstor Kirchner y el santacruceño se erige como presidente de la República. Tal como se autodefine, es uno de los hombres cercanos al santacruceño para asesorarlo en materia de Justicia, su especialidad, ya que en el gobierno de la Alianza estuvo al frente de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y con anterioridad fue Secretario de Asuntos Legislativos.
Bielsa se manifiesta contrario a repetir desde el Ejecutivo cualquier intento de remoción de los jueces de la Corte Suprema y advierte que la Constitución establece con claridad que es el Congreso el ámbito en que deben resolverse esos temas.
“Yo creo en lo personal que el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer con ningún pedido de Juicio Político ni nada que se le parezca. Quien tiene que hacer eso es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores”, advirtió durante el transcurso de la entrevista que concedida a Diariojudicial.com. y cuyo adelante fue publicado la semana pasada .

El candidato a ocupar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por su partido, Gesta, también admite que a cuatro años del funcionamiento del Consejo de la Magistratura se podría iniciar un debate para “medir ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de nominación de una terna; cuánto cuesta el funcionamiento del Consejo; cuánto le cuesta a la ciudadanía cada terna que ha sido nominada” y si “es razonable que un conjunto de los miembros del Consejo de la Magistratura pueda cambiar el orden de mérito de la terna de los exámenes de oposición y antecedentes y la entrevista personal".”, pero a lo que se opone “terminantemente, de esta idea de reformar el artículo de la Constitución o de bajar el número de miembros, o (modificar) la composición”.
También marca su respeto por la división de poderes al afirmar que “el Poder Judicial, máxime desde que fue creado el Consejo de la Magistratura, tiene la autonomía y las herramientas necesarias para llevar adelante cualquier proyecto que tenga que ver con su modernización, mejoramiento administrativo,etc”.
Al referirse a la Oficina Anticorrupción es partidario de “conservar tanto la competencia en materia de investigación como su competencia en materia de transparencia. Creo que habría que tratar de coordinar su tarea con una institución que quedó relegada que es la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, deberían trabajar de consuno”.
Bielsa sostiene que “hay que fijar criterio” en materia de Derechos humanos y “estar permanentemente encima de los órganos internacionales, tener una presencia no solamente decorativa sino activa, aplicar e impartir mucho más hacia adentro”, en tanto que difiere rotundamente respecto de la anunciada política de Carlos Menem en cuestiones de Seguridad al descartar “absolutamente, por disparatado y por ilegal, cualquier tipo de intervención de las Fuerzas Armadas”.
“Creo que las Fuerzas Armadas verían con muy malos ojos que se les pidiera que intervinieran. De hecho cuando algún funcionario se lo pidió, cuando el gobierno de la Alianza estaba in extremis, se negaron dándole una clase de Derecho Constitucional y de leyes de Seguridad Interior”.

Diariojudicial.com: ¿Usted va a ser el próximo ministro de Justicia o es como usted aseguró, que no le ofrecieron el cargo?

Rafael Bielsa: La Confusión se da porque yo trabajo con Néstor Kirchner en el área de Justicia que es el área de mi incumbencia, y como no hay mucha gente trabajando en esa área, el periodismo supuso que iba a ser el ministro. El tema de la conformación del gabinete quizás es el acto personalísimo de un jefe de Estado, porque hay que armonizar la capacidad de un individuo, con la confianza que le merezca, con la trayectoria, con el caudal político que traiga. Cualquier declaración que uno haga poniéndose el traje le complica la decisión y hay que tratar de no complicar esa decisión porque tiene mucho que ver con el destino de mucho conciudadanos.

DJU: Existe entonces un interés concreto por saber qué piensa la gente de Néstor Kirchner en materia de cada una de las áreas. Podríamos entonces estar hablando con un candidato al que todavía no le ofrecieron el cargo a quien le preguntaríamos ¿Dentro de esos proyectos, qué es lo que se piensa hacer para dinamizar la Justicia desde esa cartera?.

RB: Dinamizar, sería hacer más eficiente el aparato de Justicia. En ese sentido el Poder Ejecutivo no es mucho lo que podría hacer, salvo usar su iniciativa legislativa enviando o reenviando al Congreso algún proyecto vinculado con la oralización de la materia Civil, Comercial y Laboral , así como también algún proyecto de creación de Tribunal de pequeñas causas, tribunales de vecindad, de menor cuantía. Esas cosas sí, pero no mucho más que eso, porque el Poder Judicial, máxime desde que fue creado el Consejo de la Magistratura, tiene la autonomía y las herramientas necesarias para llevar adelante cualquier proyecto que tenga que ver con su modernización, mejoramiento administrativo, etc. De hecho, algunos proyectos que me tocó gestionar mientras trabajé en el Ministerio de Justicia, proyectos internacionales, concretamente uno que tiene que ver con un crédito del Banco Mundial, que es un proyecto vinculado con la transformación técnica de ciertos juzgados piloto pasó a la órbita del Consejo de la Magistratura. El propio Consejo reclamó su incumbencia y me parece que lo que puede hacer el Poder Ejecutivo es una tarea de acompañamiento y facilitamiento. Lo ideal en materia de relaciones con el Poder Judicial es información sin cohabitación. Esta sería una síntesis conceptual.

DJU:Ya que hace referencia al Consejo de la Magistratura, y sumado a un comentario suyo respecto de la Oficina Anticorrupción, ¿A esos dos institutos relativamente nuevos en el Poder Judicial argentino , en un futuro gobierno, que habría que corregirles en su funcionamiento?.

RB:Respecto del Consejo de la Magistratura habría que recordar que el italiano, que es el más prestigioso del mundo, fue aprobado por la Constitución del 48, fue reglamentado en el 58 y empezó a funcionar razonablemente bien en el 76. Esto quiere decir que las instituciones en cualquier parte del mundo necesitan tiempo. Nuestro Consejo de la Magistratura fue creado en el 94, hace tres o cuatro años que está funcionando y a mí me parece que es un tiempo oportuno como para hacer algún análisis, que significa no opinar cuando se puede medir "¿Cuánto tiempo lleva el proceso de nominación de una terna; cuánto cuesta el funcionamiento del Consejo; cuánto le cuesta a la ciudadanía cada terna que ha sido nominada; és razonable que un conjunto del miembros del Consejo de la Magistratura pueda cambiar el orden de mérito de la terna de los exámenes de oposición y antecedentes y la entrevista personal?". Creo que estas cosas merecen ser debatidas. A lo que me opongo terminantemente de esta idea de o bien reformar el artículo de la Constitución o bien bajar el número de miembros o en la composición. No es que me oponga a cambiarla, me parece que tenemos que debatir la cuestión con argumentos razonables .Hay personas como por ejemplo el doctor (Beinusz) Smukler que ha hecho argumentos muy sensatos de por qué razón la composición actual del Consejo no impide cierto criterio corporativo al momento de la selección de los jueces. Discutamos estos argumentos. A lo que me opongo es a esa cosa de que viene un nuevo gobierno, trae una ley abajo de brazo; manda la ley al Congreso; el Congreso la aprueba entre gallos y medianoche; hay que reformar la institución y estamos empezando todo el tiempo. Por eso es que la Argentina es un país de cuerpo presente, porque como estamos empezando todo el tiempo no enterramos nunca a nadie Es hora que trabajemos con un poco mas de seriedad.

DJU:¿Y en el caso de la Oficina Anticorrupción?

RB: En el caso de la Oficina Anticorrupción es distinto porque esa sí es órbita del Ejecutivo, porque trabaja en el ámbito del Ministerio de Justicia. Yo creo, porque conozco muy bien el funcionamiento de la Oficina, que ha hecho una gran tarea, que tiene gente muy capacitada, a alguna gente la ha perdido, desgraciadamente el doctor Mazzoni y el doctor Michele. Así y todo sigue teniendo gente muy talentosa como el doctor Manuel Garrido. Me parece, sí que habría que conservar tanto la competencia en materia de investigación como su competencia en materia de transparencia. Creo que habría que tratar de coordinar su tarea con una institución que quedó relegada que es la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, deberían trabajar de consuno. Ha avanzado mucho jurisprudencialmente en el sentido de ser tomada como parte por algunos jueces de la Justicia Criminal y Correccional Federal, y cualquier cosa que tenga que ver con disminuir su protagonismo, maniatarla yo estoy absolutamente en contra. Si algo le falta a nuestra patria, sobre todo en el orden federal, a nivel nacional, es un sistema de controles. El Poder legislativo no ejerce su facultad de control; el Poder Judicial ejerce su facultad de control en un clima de mucho descreimiento; los órganos de control muchas veces son organismos donde los empresarios cambian de lugar en el escritorio y se controlan a sí mismos. Me parece que en un Estado como en el que yo pienso, no el estado posible, sino el Estado necesario, pensable, los controles son fundamentales. A mí como funcionario siempre me ha gustado que me controlaran, cuanto más me controlaran menos posibilidades tenía de equivocarme y por lo tanto de pagarlo judicialmente.

DJU: Un tema controvertido si lo hay es el de la Corte Suprema de Justicia. El comienzo de la gestión Duhalde fue traumático en la relación con el Poder Judicial a partir del pedido de Juicio Político a la totalidad de los miembros de la Corte ¿Cuál es su postura en torno al futuro de ese tema?

RB:Cuando uno ha mirado de soslayo la Constitución y se ha equivocado, por lo menos la próxima vez hay que mirarla bien y no equivocarse. La Constitución en el artículo 99 no dice absolutamente nada que pueda vincular al Poder Ejecutivo con la remoción de algún juez y menos con algún ministro de la Corte. En el 53 se establece que la Cámara de Juzgamiento es la Cámara de Diputados y en el 59 que la Cámara del juicio es la de Senadores. Entonces yo creo en lo personal que el Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer con ningún pedido de Juicio Político ni nada que se le parezca. Quien tiene que hacer eso es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Qué sucedio en la experiencia que usted menciona, traumática como usted la califica: resulta ser que por el juicio en paquete que se trató de llevar adelante dio lo mismo un juez con ochenta cargos, al cual le faltaron menos de veinte votos para efectivamente resultar enjuiciado que un juez con ocho cargos. A la salida del proceso el juez con ocho cargos (Gustavo Bossert) , el juez más prestigioso hacia afuera, uno de los mas prestigiosos hacia adentro, renuncia y se va. Yo creo que no hay que repetir ese mismo error: Una cosa es el discurso de campaña, donde uno puede anatematizar determinadas instituciones, porque efectivamente las estadísticas demuestran que esta Corte no tiene confiabilidad, y otra cosa distinta es el desempeño de un rol institucional, porque a las instituciones hay que respetarlas, fortalecerlas. Si alguna tarea tenemos por delante en lo inmediato es el fortalecimiento de la credibilidad de la palabra pública que no tiene credibilidad en la Argentina y eso implica el cumplimiento a rajatabla de la Constitución. Si algún juez de la Corte ha cometido alguna de las tres causales que la Constitución establece como para que sea juzgado y removido –mal desempeño, comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones o comisión de delitos no en el ejercicio de sus funciones-- esto habrá que denunciarlo, la denuncia habrá que tramitarla como establece la Constitución y los órganos competentes resolverán. El Ejecutivo, ahí, cuando menos haga mejor .

DJU:¿En materia de Derechos humanos , que es de incumbencia del Ministerio, cual deberá ser la política?.

RB: En primer lugar lo que haría es fijar una política y ser mucho más dinámico; la Argentina no puede tratar en materia internacional algunas causas como nos tocó con el caso Bullacio. Lo que me parece es que hay que fijar criterio, estar permanentemente encima de los órganos internacionales, tener una presencia no solamente decorativa sino activa, aplicar e impartir mucho más hacia adentro en materia de Derechos Humanos, porque la gente en realidad no sabe en que consisten, cuántas causas tiene Argentina por vulneramiento de derechos humanos atribuibles a personal del Estado. Creo que es un área a la cual habría que darle la importancia que los constituyentes del 94, cuando se trataba de reelegir a Carlos Menem, tuvieron presente, cuando generaron la expresión que le da a los Tratados Internacionales rango constitucional. Creo que habría que darle importancia a esa dependencia. Lo que fue bueno en el 94, cuando había que reelegir a quien era presidente en ese momento, hoy pasa a ser malo. Entonces el mismo candidato que le pareció bueno el Consejo de la Magistratura ahora propone disolverlo; el mismo candidato que le dio rango constitucional a los tratados de derechos humanos hoy dice que esto no debería ser así. Yo no creo en ese país.

DJU: ¿Y en materia de Seguridad?

RB: Es un tema extraordinariamente importante. Me parece que ahí hay mucho para hacer. Por supuesto yo descarto absolutamente por disparatado y por ilegal cualquier tipo de intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad. Creo que las Fuerzas Armadas verían con muy malos ojos que se les pidiera que intervinieran. De hecho cuando algún funcionario se lo pidió, cuando el gobierno de la Alianza estaba in extremis, se negaron dándole una clase de Derecho Constitucional y de leyes de Seguridad Interior. No están preparadas para eso. Lo que hay que hacer es dividir el país en regiones, articular la policía federal con las policías provinciales, generar bases de datos comunes, profesionalizar más algunos sectores que hoy se ocupan de delitos complejos como son los secuestros extorsivos, revisar la política legislativa en materia criminal para ver si efectivamente la solución pasa una vez más por aumentar las penas como se propone respecto de estos delitos, cosa que desgraciadamente en materia de vidas de agentes de policía no dio resultado. Acabamos de aumentar las penas para los homicidios de agentes de seguridad y esto no hizo que disminuyera la cifra sino que aumentó. Yo creo mucho mas en la eficiencia de la fuerza preventora y la fuerza represora que naturalmente está dedicada a esto.

DJU: Articular con otras áreas, como las de trabajo y educación como parte de una política...

RB: Qué hay que hacer con los piqueteros: el Secretario de Seguridad tiene que ir a un piquete pero después del Secretario de Trabajo y despúes del Secretario de Desarrollo Social.