Por otra parte, el ministro de la Corte Carlos Fayt, hacia quien según versiones coincidentes estarían apuntados los cañones de Kirchner para destituirlo mediante un proceso de juicio político, consideró “absolutamente falso” que el Tribunal esté negociando con el gobierno en torno a la resolución de ambas normas sancionadas y promulgadas durante la gestión de Raúl Alfonsín.
“No negociamos con nadie”, aseveró Fayt en declaraciones periodísticas, a la vez que anticipó que mañana concurrirá a la reunión de Acuerdo, pese a que se encuentra afectado por un fuerte estado gripal.
Respecto de las dos leyes en cuestión Fayt aseguró que “ese tema no será tratado mañana”. Durante el fin de semana se acrecentaron los rumores en torno a la situación generada en el seno de la Corte a partir del triunfo de Nestor Kirchner y se especuló con una ofensiva con el propósito de generar la renuncia de algunos de los magistrados.
Asimismo, se mencionó una activa participación del presidente del tribunal, Julio Nazareno, para que exista una masiva presencia durante la reunión, como una demostración de fuerza y de que nadie está dispuesto a resignar su cargo.
Fuentes judiciales aseguraron que la moneda de cambio en las eventuales negociaciones no serían ya los temas económicos vinculados con el “corralito financiero” sino las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, cuya inconstitucionalidad desataría una ola de juicios contra militares acusados por crímenes aberrantes cometidos durante la última dictadura militar.
De todos modos, en el cuarto piso del Palacio de Justicia, sede de la Corte, se asegura que existe un criterio ampliamente mayoritario para la ratificación de la validez de ambas normas, lo que cerraría causas iniciadas contra los militares que llegaron mediante recursos extraordinarios al máximo tribunal.