La juez a cargo del juzgado federal de primera instancia nº 3 de Córdoba, Cristina Garzón de Lazcano, dictó una medida cautera y “ordenó prohibir la fabricación y/o comercialización en todo el país de medicamentos anticonceptivos que contengan drogas consideradas abortivas y de dispositivos intrauterino. La medida se dicto en el marco de una causa iniciada por la organización católica “Fundación 25 de Mayo encabezada por el sacerdote Fernando Altamira. La juez ya había tenido intervención en una causa ligada con la Ley Nacional de Salud Reproductiva. La medida causó estupor en las áreas gubernamentales tanto provinciales como nacionales. Por su parte el Ministro de Salud de la Nación anunció que la medida sería apelada por el gobierno nacional. En este sentido se expresó también el diputado nacional Eduardo García, candidato a gobernador de Córdoba por el socialismo, quien fue mas allá y anticipó hoy que pedirá junto a otras organizaciones la remoción de la magistrada a través de un jury de enjuiciamiento.
No acusó ni el fiscal
Los ex aviadores militares Juan Carlos Castillo, Carlos Horacio González, Jorge Alberto Cánova y Roberto Manuel de Saa fueron absueltos por el Tribunal Oral Federal número 2 de Mendoza, en una causa donde se los acusó de haber violado el artículo 190 del Código Procesal Penal, que castiga a quienes ponen en riesgo la seguridad aérea. La causa se originó en 1997, a partir de una denuncia que hacía referencia a posibilidades de colisión de aviones en vuelo en el área del aeropuerto internacional del Plumerillo. El Tribunal entendió que no le cabía ninguna responsabilidad a los militares. Antes, los fiscales ya había pedido la absolución de los acusados. Además, en el veredicto absolutorio los jueces Roberto Burad, Enrique Sosa Arditi y Roberto Naciff ordenaron extraer testimonio para que un juez federal evalúe la conducta del destituido magistrado Luis Leiva, quien instruyó la causa.
Por encima de la Ley de Transplantes
El juez civil de General Pico, La Pampa, José Francisco Rodríguez, firmó una autorización judicial supletoria a la Ley de donación de órganos, para que un hombre de 35 años done parte de su hígado a una amiga de la misma edad, aquejada de una mal hepático que reduce seriamente su expectativa de vida. La medida tiene pocos antecedentes en el país y contrasta con las condiciones de la ley 24.193, que limita los transplantes de un donante vivo a familiares consanguíneos o por adopción hasta el cuarto grado de parentesco. “Eso limita un montón, opinó el juez Rodríguez en declaraciones al periódico provincial La Arena- porque normalmente hay mucha gente que está en condiciones y con el ánimo de donar sus órganos cuando la donación no le significa ninguna complicación extraordinaria a la salud de esa persona y no puede hacerlo”, concluyó.
Bajo fianza
El viudo de María Marta García Belsunce e imputado del homicidio de la mujer, Carlos Carrascosa, recuperó su libertad al pagar una fianza de 100.000 pesos. En tanto, los abogados de Carrascosa, José Scelzi y Marcelo Nardi, le solicitaron al juez de garantías Diego Barroetaveña la posibilidad de contar con una "prisión preventiva morigerada", la cual esta prevista en el Código Penal de la provincia de Buenos Aires.