RUMORES. Acostumbrado a una alta exposición pública, Gustavo Beliz es el único de los futuros integrantes del gabinete de Nestor Kirchner que alguna vez tuvo aspiraciones presidenciales y jugó en primera linea a la hora de competir con otras fuerzas políticas. Tal vez ese sea el componente que a partir de su designación le jugó lo que se dice una mala pasada. Aseguran en torno al nuevo presidente, que no cayó bien que Beliz se adelantara y diera a conocer quiénes iban a ser los funcionarios que lo acompañarían en su gestión, dejando un margen muy estrecho para negociar la designación de gente más allegada al santacruceño o a sectores duhaldistas, hecho que no se repitió en los otros ministerios donde las segundas líneas se componían artesanalmente durante un agitado fin de semana. Lo que sí pudo comprobarse que el tema judicial no era hasta ahora la especialidad del ministro. Casi experto en seguridad metropolitana –un tema que trabajó con fruición-, al momento de referenciarse en áreas tribunalicias buscó caras de reconocimiento mediático. Los chismes estuvieron en ese sentido a la orden del día, y en el quinto piso de los tribunales federales de Cómodoro Py 2002, donde se encuentra la mayoría de los despachos de los fiscales federales, era la comidilla un presunto diálogo telefónico que habrían sostenido Pablo Lanusse y el fiscal federal Miguel Ángel Osorio, a quien el varias veces amenazado y agredido fiscal de la causa de la mafia del Oro, “habría consultado” sobre qué hacer ante el ofrecimiento, acto que –de ser cierto- fue interpretado como una “chanza” del nuevo y encumbrado funcionario, debido a que, se asegura, la relación entre ambos nunca fue de las mejores.
POLÉMICA. Despertó en el juicio oral y público por el atentado contra la AMIA una nota publicada por Diariodeljuicio.Com la última semana, donde se reveló en exclusiva algunos detalles del informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que ya se encuentra en manos del juez Juan José Galeano en su versión “desclasificada”, para que pudiera incorporarse al expediente y así las partes en el proceso tuvieran acceso al mismo. Lo cierto es que a poco de andar en la pila de papeles prolijamente anillados y con profusos fragmentos con información tachada, los abogados de la AMIA detectaron que en uno de los informes citados por los espías se asegura que un cuarteto terrorista ingresó por la Triple Frontera entre Argentina, Paraguay y Brasil, “alquiló” la camioneta bomba y consumó el atentado. Los querellantes fueron las primeros que alertaron al juez de esta incongruencia del informe, y recordaron que ya el año pasado, con una tapa rimbombante que anunciaba que el atentado estaba “esclarecido”, un diario especializado en temas económicos aseguraba que el informe “desvinculaba” a los policías bonaerenses. Después, el mismo secretario de Inteligencia, Miguel Ángel Toma, aclaró que en el informe no había referencias a la conexión local. Parece que no lo leyó bien, o a alguien se le “escapó” la información que, por cierto, no cita fuentes, una práctica habitual en los servicios de inteligencia pero de muy poca utilidad a la hora de hilvanar una causa judicial. Por eso, los querellantes por la AMIA contraatacaron y pidieron que la SIDE aclare cómo llegó ese dato del supuesto “alquiler” al informe que con bombos y platillos presentó Toma. Mientras tanto, el debate llegó al juicio oral, donde el defensor de Juan José Ribelli, José Manuel Ubeira, pidió al Tribunal Oral que se agencie una copia desclasificada y adelantó que pediría la “inmediata libertad” de su cliente. Una reacción esperable en una estrategia judicial que, desde el minuto cero del juicio, se basa en defenderse atacando principalmente a la instrucción encabezada por Juan José Galeano. Lo que no queda claro a juicio de los entendidos en este extensísimo juicio oral es por qué no acompañaron el pedido de Ubeira los defensores de los otros policías implicados, a los que también beneficiaría el dato travieso de la SIDE. ¿Creerán que no vale la pena? En fuentes del caso se descontaba que el TOF 3 pedirá en los próximos días una copia del informe. Ahí el abogado Ubeira podrá chequear los textuales publicados esta semana y avanzar en una cruzada que por el momento sólo muestra chances lejanas. (Especial de Diariodeljuicio.com)
MATRIX. Si la tecnología está contra vos, únete a ella. Ese parece haber sido el lema de las poderosas discográficas multinacionales, que vienen luchando, a través de la justicia, para evitar la piratería de temas musicales. Desde la aparición del legendario sitio Napster hace ya algunos años, los popes de las discográficas ya no han podido dormir tranquilos nunca más. Si bien con el auxilio de la justicia, pudieron desactivar el sitio en cuestión , ya nada volverá a ser como antes. Merced al cada vez más popular formato MP3 con índices de compresión inimaginables años antes, los sitos de intercambio de música a través de Internet se siguieron multiplicando. El mes pasado una corte federal de Los Ángeles rechazó la petición de cerrar los servicios de Morpheus y Groskster, acusados de permitir la descarga ilegal de material con copyright. La Justicia dijo que los sitios no deberían ser cerrados porque no pueden controlar lo que se intercambia utilizando su sistema (en rigor canciones y películas protegidas por el derecho de propiedad intelectual). Hasta ahora la industria del entretenimiento había disfrutado de una serie de victorias judiciales –hay quien dice que merced al poco manejo y desconocimiento que los jueces tienen de la tecnología- que le habían permitido tener más o menos a raya a estos servicios de intercambio. La madurez judicial –debieron pasar algunos años para que los magistrados entendieran del todo- finalmente llegó en esta materia, al igual que en 1984 cuando la Suprema Corte estadounidense estableció que las grabadoras de video no debían ser ilegales aunque tuvieran la capacidad de ser utilizadas para propósitos ilegales –como la copia de material protegido por copyright-. Ya hay quienes advierten que la nueva estrategia de las discográficas ya no pasará entonces por lo judicial –las derrotas en los tribunales van a ser cada vez más contundentes- sino por lo tecnológico. Según el New York Times los cinco mayores sellos del mundo han financiado sigilosamente el desarrollo de software para impedir el normal funcionamiento de computadoras. Estos programas ingresarían en forma de virus o troyanos a las máquinas de quienes intercambian música o video mediante Internet, e impedirían las conexiones entre máquinas desviando el tráfico en la red o directamente borrarían de los discos rígidos los ficheros musicales que las discográficas consideran pirateados. Especialistas de la Universidad de Stanford ya advirtieron que caben pocas dudas de que por lo menos algunas de estas tácticas desbordarían los límites legales. Por lo pronto ya se ha creado Overpeer, una empresa que se dedica a combatir el intercambio no autorizado de temas musicales y que ya está gestionando la patente sobre un mecanismo antipiratería que inundaría las redes de intercambio. Parece que los jueces van a tener que por lo menos empezar por Matrix Reloaded, para comenzar a aprender sobre temas tecnológicos. Es lo que se viene.