La Sociedad Interamericana de prensa (SIP) reclamó hoy “mayor ecuanimidad y celeridad” a la justicia argentina, al expresar su “honda preocupación” por los allanamientos ordenados por la juez federal María Romilda Servini de Cubría en las oficinas comerciales y del directorio del diario La Nación, en el marco de una causa iniciada a partir de la denuncia de un particular. En ese sentido, desde la Unidad Funcional de Investigaciones Tributarias y Contrabando (UFITCO) negaron desde hora temprana que ese organismo haya intervenido en la denuncia. Ante el silencio del juzgado respecto de la causa, voceros judiciales habían dejado trascender que se trataba de una denuncia de la UFITCO, cuando en realidad Servini de Cubría había dispuesto la intervención de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) cuya titular es Alicia López.
Si viene, adentro
La Sala B de la Cámara en lo Penal Económico confirmó un fallo de primera instancia que rechazaba el pedido de excención de prisión que la defensa del traficante de armas argentino Diego Palleros exigió como condición para regresar al país y someterse al proceso judicial por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia. Los jueces entendieron que la escala penal del delito por el cual podría resultar procesado Palleros impide otorgar ese beneficio procesal al ex militar, que fue declarado “prófugo” de la justicia argentina y sigue teniendo a Sudáfrica como su país de refugio. El juez Julio Speroni quiso viajar a ese país a interrogarlo, pero los camaristas Marcos Grabivker, Carlos Pizzatelli y Roberto Hornos le negaron esa posibilidad, por no adecuarse a la normativa procesal vigente.
Detenciones
La justicia plantense detuvo a tres funcionarios del Banco Provincia en una causa que se investigan irregularidades en el otorgamiento de créditos por sumas millonarias. Asimismo se había dictado la orden de detención de otras cuatro personas ligadas a la causa. Entre los detenidos figuran Raúl García, ex subgerente general adscripto y asesor del directorio; Héctor Ferraro, ex gerente de la casa matriz de la entidad, y Carlos Frandsen, subgerente titular departamental quienes están acusados de presunta “malversación de caudales públicos, fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público". Las maniobras que se investigan fueron cometidas en el período 1991-1999 y comprenden el otorgamiento de créditos sin respaldo genuino, insuficiencias en las garantías, falta de conformidad del directorio, lo que hizo que muchos de esos créditos fueron a para a la cartera incobrable.