VIDAS PARALELAS. Jueces federales, cordobeses, doble apellido, saltaron a la fama por los amparos concedidos, conocieron los rigores mediáticos de los pedidos de juicio político y padecieron el silencio de sus pares, que no se animaron a defenderlos con la vehemencia que esperaban. Son los mediterráneos Ricardo Bustos Fierro y María Cristina Garzón Serrano de Lascano Villafañe.
El juez conoció el vientito de la guillotina del juicio político en el recordado caso de la cautelar en favor de Carlos Menem, en sus aspiraciones re-reeleccionistas en 1999.
La juez, está en el ojo de la tormenta luego de que el ministro de salud la acusara de practicar el “terrorismo sanitario”, a raíz de una resolución por la que prohibiera en todo el territorio nacional el uso, comercialización y fabricación de anticonceptivos. Lo curioso de este caso es que la propia magistrada, que con tanta enjundia y convicción firmó lo que firmó, luego ,al requerírsele que haga pública su resolución – Diario Judicial.com pretendía publicarla completa para análisis de sus lectores – decidió establecer un nuevo axioma: los jueces no hablan por sus sentencias, sino por sus gacetillas de prensa, y consecuente con ello nos mandó un breve comunicado, donde pretende explicarnos lo que no nos permite leer “porque la prensa malinterpretó mi decisión”. Como no podemos mal interpretar lo que no podemos leer ni analizar, no hay nada más que podamos decir al respecto. Mientras no se pueda leer completa, la cuestionada resolución, muchas ya se ven tomando el Buquebús para colocarse el DIU en Montevideo, o cruzando por Las Cuevas hacia alguna clínica trasandina. Gobernar es poblar, decía Alberdi.
AMENAZAS LEGALES. Son las que está distribuyendo por correo la dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires, sugiriendo a los contribuyentes a apegarse a lo que ellos llaman PROPUESTA MINIMA DE DECLARACIÓN JURADA. Sucede que los muchachos de Solá están un poco necesitados de fondos frescos –se vienen los aguinaldos, y pronto tendrán que dejar de emitir patacones- y a algún inteligente de turno se le ocurrió la brillante idea. Cada contribuyente deberá hacer en una declaración jurada que coincida con la “expectativa de incremento mínimo de sus ingresos para los meses de abril, mayo y junio de 2003 del 47 %, 55 % y 62 % respectivamente” que estima la provincia. En el caso de que el pervertido contribuyente se retobe y sus declaraciones no superen el mínimo inferido en la citada propuesta, los mismos serán incluidos en la lista de CONTRIBUYENTES DE ALTO RIESGO “situación que importa su inclusión en una nómina de contribuyentes sujetos a FISCALIZACIONES EJECUTIVAS Y PERMANENTES”. Seguramente habrá que esperar qué dirán los jueces ante esta exigencia presuncional, que en muchos casos se presenta como confiscatoria. Es que a nadie le gustaría estar en la lista del escrache fiscal, a decir por la cita textual de la poco seductora –aunque bastante convincente, al estilo de los muchachos de Don Corleone que ofrecían “protección”- propuesta de sinceramiento fiscal remitida por la provincia: “Vale la pena no permanecer como contribuyente de Alto Riesgo” (sic), caso contrario serán objeto de fiscalizaciones sorpresivas, controles de emisión a la salida de los establecimientos, clausuras, juicios de apremio, inhibición general de bienes, intervenciones de caja, entre otras calamidades. Parece que la provincia piensa que los bonaerenses son casi todos “truchos”, así parece afirmarlo cuando sin sutilezas de ningún tipo les dice: “Sabemos el uso de prácticas como facturas “verbales”, talonarios mellizos, líneas de caja no declaradas, facturas fuera de reglas, apropiación indebida de retenciones, etc., para lograr pagos inferiores a lo correcto”. Manteniendo ese tono poco amigable, Rentas avisa que la condición de contribuyente de alto riesgo será informada al BCRA, a los organismos de riesgo crediticio, organismos fiscales nacionales y como si esto fuera poco, publicada en internet. Parece que ahora la provincia de Buenos Aires decide cuánto más va a ganar alguien con el correr de los meses, si tus ingresos se incrementaron menos, decí alpiste porque perdiste.
ENOJADOS. Están los magistrados, funcionarios y empleados de los juzgados de Menores de San Martín por los desaciertos en los que habría caído la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con el fin de trasladar ese ámbito judicial a una supuesta mejor infraestructura edilicia. El conflicto se generó con la idea que tiene el Supremo Tribunal bonaerense en pasar los juzgados ubicados en el centro de San Martín a la localidad de Chilavert, en una casa particular que se alquiló para tal fin, y por la que hasta el momento se pagaron unos 31 mil pesos en concepto de alquiler por 10 meses. Ese inmueble aún no está ocupado porque aún se están realizando tareas de remodelación para adecuarlo a las funciones que debe cumplir y que generan aún más erogaciones. Sin embargo, a pesar de los gastos y las demoras, el proyecto choca aún con otros dos escollos: uno es la negativa de los vecinos a que en la zona de instalen los juzgados, ya que es un barrio residencial, en donde al parecer no les gustaría ser “invadidos” por la gente que recurre a estos juzgados. El otro punto de conflicto es la fuerte negativa que tienen los empleados de trasladarse hasta esa localidad, distancia que también iría en contra de las personas que concurren, que muchas veces van con las monedas justas, y dirigirse hacia las nuevas dependencias le provocaría un gasto que no estarán en condiciones de soportar. Al parecer desde San Martín elaborarían un informe en donde detallarían estos hechos y demás anomalías que sería presentado a inicios de la semana próxima. Algunos comentarios mencionan que la Corte quiere seguir adelante dado que nadie se quiere hacer cargo del costo político de dar marcha atrás con el proyecto –hay alquileres pagados por varios meses-, justo que hace unos años el Poder Judicial compró en el mismo San Martín un edificio que, según algunos calculan, con la plata que ya se gastó en los alquileres y obras de Chilavert, se podría haber remodelado para pasar ahí los juzgados.