Así se confirmó en fuentes del caso, quienes señalaron que el oficio judicial ya está en la sede del Ejecutivo, donde se confirmó que en el mismo escrito se le pide a Kirchner que releve de la obligación de guardar silencio sobre secretos de Estado a media docena de altos jefes del organismo, comenzando por el Señor 5 de Carlos Menem, Hugo Anzorreguy.
Bonadío quiere que declare en la causa, además de Anzorreguy, el ex jefe de la “Sala Patria” de la SIDE, Patricio Pfinnen; el ex subsecretario de Inteligencia, Juan Carlos Anchézar; el director de Contrainteligencia Alejandro Brousson y un subsecretario administrativo del organismo.
Por el despacho del juez ya pasaron algunos agentes de inteligencia y recientemente algunos se ampararon en el secreto de Estado para no contestar, confirmaron fuentes con acceso al expediente. En el pedido al Poder Ejecutivo, Bonadío advierte que si no logra el permiso presidencial Anzorreguy y los otros no declararán.
Será esta la primera oportunidad en la que la nueva administración deberá resolver un pedido judicial para avanzar sobre el secreto de la SIDE en el caso AMIA. Hasta ahora, el Poder Ejecutivo rechazó dos pretensiones iguales a las de Bonadío pero del Tribunal Oral Federal 3, que lleva adelante el juicio a la supuesta “conexión local” del atentado.
Esta semana, los jueces del TOF 3 declararon “inconstitucional” un decreto del ex presidente Eduardo Duhalde que impedía la desclasificación del sumario, el mismo que ahora pretende conocer el juez Bonadío, que tiene a su cargo una investigación paralela por una denuncia de un ex prosecretario de Galeano que trabajó un tiempo en la investigación del caso AMIA.
En la causa en manos de Bonadío se intenta establecer quién o quiénes estuvieron detrás de ese pago, que hasta el mismísimo Telleldín asegura que existió. En el juicio oral en curso, los secretarios de Galeano aseguraron que en el juzgado no se sabe nada sobre el supuesto pago, pero no pusieron las manos en el fuego por nadie, en especial por la SIDE.