Para el tribunal federal de apelaciones del distrito de Columbia el gobierno de los EEUU actuó de “manera correcta”, fallo que se resolvió por mayoría en una votación de 2 a 1.
Para los jueces esa información podría aportar datos sobre las investigaciones de los ataques del 11 de septiembre a los terroristas internacionales.
En el pronunciamiento se detalló que "Estados Unidos enfrenta un enemigo tan real como el que tenía en la Guerra Fría, cuyas habilidades superan la capacidad de investigar del poder judicial".
Por su parte, el juez David S. Tatel que votó en disidencia, acusó a sus colegas de "aceptar sin críticas los imprecisos y débiles argumentos (del gobierno) para retener una amplia cantidad de información sobre los detenidos".
En ese sentido, consideró que la decisión de no dar a conocer la información impide a los ciudadanos de Estados Unidos saber si la administración de Bush "está violando los derechos constitucionales de cientos de personas que ha detenido en relación con las investigaciones sobre terroristas".
El fallo de la corte se dio en el marco de al menos unos 762 extranjeros que permanecían ilegalmente en Estados Unidos y fueron detenidos después de los ataques del 11 de septiembre como parte de una investigación del FBI. Más de 500 ya han sido deportados a sus países.