En ese sentido, el tribunal consideró al momento de firmar la sentencia que la poderosa empresa de aviones de pasajeros cometió una falta “grave” en sus obligaciones para con los pasajeros que fueron capturados por soldados del ejército irakí.
La medida de los jueces siguió idénticos pasos a la que ya había asumido en contra de la misma empresa el 8 de noviembre de 1999 cuando beneficio por una suma similar a otros 65 pasajeros que viajaban en el mismo avión y que también fueron tomados prisioneros.
Los hechos en que el tribunal tomó la decisión se dieron el 2 de agosto de 1990, cuando la nave, con mayoría de franceses, de la empresa británica aterrizó en la capital Kuwaití en momentos en que se había producido la invasión por parte de Irak a ese emirato, invasión que posteriormente desató la conocida Guerra del Golfo.
La demanda interpuesta se fundó, según las ocasionales víctimas, en que la empresa puso en peligro sus vidas al mantener una escala técnica en el emirato durante un vuelo entre Londres y Kuala Lumpur (Malasia) para desembarcar a varios comandos de las fuerzas especiales británicas.
Entre los considerando del fallo, se destacó que por esa fecha la invasión era "altamente previsible" y que la indemnización se justifica por las condiciones de detención que tuvieron que sufrir los demandantes.
Según, el pronunciamiento los pasajeros convertidos en rehenes fueron "acompañados a veces con malos tratos de orden físico o psicológico", y los "sufrimientos morales ocasionados por esta situación de rehenes".
Además, destacó el pronunciamiento que algunos de ellos fueron "deportados" a Bagdad o a "instalaciones estratégicas", en calidad de rehenes, para ser utilizados como "escudos humanos" hasta su liberación, el 28 de octubre de 1990.