El ejecutivo porteño promulgó la ley 1.040 (que se acompaña en archivo adjunto) sancionada por la legislatura de la ciudad de buenos aires en junio, y por medio de la cual se reconoció el derecho a la mujer encinta, de estar acompañada por una persona que ella designe tanto en el momento del nacimiento como en la internación previa. A tal fin, el art. segundo dispone que “el personal de los establecimientos asistenciales del sistema de salud debe informar a la embarazada del derecho que la asiste”. Por esta ley se obliga a “todos los efectores del sistema de salud” a “implementar en el subsector público las medidas necesarias para capacitar al personal profesional y no profesional, adecuar los recursos físicos y la estructura organizativa a esta modalidad”. (TEXTO AL FINAL)
Intervención
Por medio del decreto 348/2003 publicado hoy en el Boletín Oficial (que se acompaña en archivo adjunto) el ejecutivo dispuso la intervención del Instituto Nacional de Servicios Sociales para jubilados y pensionados por un plazo de 180 dias a partir de la publicación. Por esta norma se fijó un cronograma de tareas de “Normalización administrativa y continuidad prestacional”, “Adopción de un manual de compras y contrataciones”, “Adopción de un manual de metodología y procedimientos” , “Adopción de un sistema integrado y participativo de control de cumplimiento de las prestaciones”, “Adopción de un sistema de información estadística administrativa y sanitaria con indicadores de productividad y niveles de eficiencia estandarizados”, “Regularización contable y presentación de balances hasta la actualidad”. Para llevar a cabo este trabajo fueron designados Juan Horacio González como interventor y José Ramón Granero como subinterventor. Asimismo se dispuso la creación de un Consejo Participativo de Auditoria, Control y Planeamiento Estratégico, “ad honorem” que tendrá como finalidad la auditoría en tiempo real de la totalidad de las cuentas y acciones del Instituto, el control del oportuno cumplimiento de las tareas enumeradas en el artículo 5º del presente y la elaboración de propuestas normativas que posibiliten la discusión parlamentaria de la reestructuración estratégica del Ente. (TEXTO AL FINAL)
Piden detención
El abogado Juan María Aberg Cobo ratificó su denuncia contra la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini por los presuntos delitos de “instigación a cometer delitos, apología del crimen, intimidación pública, rebelión y amenaza de rebelión”, y pidió su inmediata detención y que se la cite a prestar declaración indagatoria. El abogado, conocido en el fuero penal por la defensa de algunos acusados en causas por violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura militar, asegura que Bonafini profirió “temerarias amenazas” al asegurar en un discurso en un acto de homenaje a los dos piqueteros asesinados por la policía en la estación de Avellaneda, que “una revolución sin violencia no existe”. Al ratificar la denuncia, Aberg Cobo pidió que se incorporen al expediente una serie de recortes periodísticos que dan cuenta de las cuestionadas declaraciones.
Indagatorias postergadas
El juez federal de Resistencia, Carlos Skidelsky resolvió postergar las declaraciones indagatorias que comenzaría a tomar hoy a los militares involucrados en la causa por la masacre de Margarita Belén, en diciembre de 1976, detenidos en la Base de Apoyo Logístico del Ejército, en Resistencia. La demora se debió al hábeas corpus presentado por el defensor de los diez oficiales del Ejército, Carlos Pujol, quien sostiene que la actuación del juez Skidelsky “es nula”, porque en ese mismo juzgado se declaró la “incompetencia” en esa causa, en 1987. En la primera sesión indagatoria debían presentarse los coroneles Horacio Losito, Rafael Carnero Sabol y Athos Renés.