CORTE Y UNA QUEBRADA.

La formulación de 10 cargos en contra del ministro de la Corte Eduardo Moliné O´Connor y un off de record que rezaba “renuncia”, salido de la propia Cámara de Diputados, generaron un sin fin de especulaciones sobre la permanencia del juez en el seno de la Corte Suprema de Justicia. Para algunos hombres del cuarto piso del Palacio de Tribunales el hecho de que Moliné tenga la misma defensa que su ex par Julio Nazareno, los doctores Gregorio Badeni y Eduardo Aguirre Obarrio, se puede entender como la posibilidad de que el hombre del tenis transite el mismo camino del catamarqueño. Pero no, una de las razones de contar con esa dupla jurídica -además del respeto profesional que inspiran sus firmas-, es en razón de que ya tenían preparada la defensa para su cliente renunciado y ahora la usarán para él. Es que básicamente los cargos son los mismos y como dicen los ahora “sueltos” ex colaboradores de Nazareno, “las traiciones también”. Ninguno de ellos quiere hacer nombres quizá porque no resulta “políticamente correcto” salir a defender a su ex jefe, del que la prensa parece haberse súbitamente olvidado, porque nada aportaría ya a la cuestión. Sólo aclaran que las “facturas” no vienen todas del lado de la política –donde las promesas siempre se las lleva el viento-, sino de muchos de los integrantes del Poder Judicial. “No vi a ninguno de los que siempre vinieron acá a pedir favores, sacar la cara por Nazareno”, decía un joven letrado que supo acceder a la intimidad de los últimos días del ex ministro en su cargo. Lo cierto es que pocos son los jueces que tienen predisposición a la autoflagelación, aunque de alguna manera –visto de una cuestión estratégica- defender antes a Nazareno y ahora a Moliné es defenderse a ellos mismos. Ninguno de los cargos a los integrantes de la Corte lo son por corrupción. Todos giran en materia de una interpretación distinta de la ley y de los hechos sometidos a decisión. Tal vez los jueces no han salido a abrir la boca –Moliné recordó días atrás que desde la Corte siempre les puso el hombro- porque saben que en el Consejo de la Magistratura sus integrantes tienen bien arraigado el concepto de no molestar a los jueces por el contenido de sus fallos. Pero como todos saben “lo de la Corte es distinto”. Por de pronto, el vicepresidente de la Asociación de Magistrados ya sabe cual es su lugar: integrará la comisión de reformas a la legislación penal convocada por el ministro Béliz. Parece que la figura de la tortuga no es porque la justicia sea lenta, sino porque sus hombres saben cuando guardar la cabeza.

DESCONFIANZAS CIEGAS. Después de la inédita y sorpresiva carta que Maqueda le disparara a Nazareno, con el ya famoso “usted no me representa”, el cuarto piso más poderoso del país vive en un clima que se parece más a una platea de sospechosos convocada por Monsieur Poirot –del best seller de Ágata Christie “Quién mató a la Corte”- que a un tribunal de justicia. Es que de las señales de la política todavía no se puede interpretar cuando dejarán de “rodar cabezas” ni de quienes serán sus cuellos. Según el verdugo oficial, Ricardo Falú, la comisión de juicio político seguirá analizando “de a uno en uno” los casos sometidos a posible juzgamiento. Pero al mejor estilo bilardista, el inicio de una más que nunca estratégica feria judicial de invierno, abre la posibilidad de que por dos semanas las aguas se apacigüen y la cambiante agenda del poder permita que el tema de la Corte salga de los titulares de los diarios y pase a ser materia de verdadera negociación política. Por eso dentro del Palacio no descartan que Moliné tome alguna decisión en medio del receso y marcaron que esa posibilidad se puede dar, dado que la Corte tendrá en la feria a cinco ministros, cuando en verdad los únicos dos que estaban previamente anotados eran el propio Moliné y Adolfo Vázquez. Pero días atrás Augusto Belluscio, Antonio Boggiano y Juan Carlos Maqueda, se sumaron como autoridades que se quedarán en el receso. “No es común que se queden cinco ministros durante la feria” comentó un vocero de la “minoría automática” y agregó “me parece que algo puede pasar en esos 15 días y todos quieren estar al pie del cañon”. Las dos teorías son las que más corren por la Corte y en el fondo las dos coinciden en que Moliné se va, a pesar de lo que declare en los medios. Igual y como dicen los influyentes la forma y el momento “sólo lo sabe Moliné”. Pero lo cierto es que debe preguntarse hasta qué punto podrá soportar el ex vicepresidente de la Corte las presiones por parte del Poder Ejecutivo y de la propia política & medios que tiene la mira apuntando al ministro con el fin de producir una nueva vacante. ¿Será la última?

VICTORIA. Cantaron los abogados que representan a la AMIA en las múltiples causas penales derivadas del atentado contra la sede de la mutual judía, del que la semana que viene se cumplirán 9 años. Es que, tal como lo adelantó Diariodeljuicio.Com, la Cámara Federal decidió reabrir la llamada “causa Movicom”, una denuncia formulada en su momento por el juez Juan José Galeano, por la notoria diferencia entre dos estudios que la empresa de telefonía celular realizó sobre la ubicación de los teléfonos móviles del ex comisario Juan José Ribelli en la hora y el día clave en la trama de la supuesta “conexión local” del atentado: el 10 de julio de 1994 al mediodía, el momento en que Carlos Telleldín –según afirman los acusadores y él mismo- entregó la camioneta Trafic que se usó una semana después como coche-bomba. El primer informe de Movicom decía que los teléfonos estaban en la zona de Villa Ballester, precisamente la zona de Telleldín. Un poderoso indicio sobre la participación de los policías bonaerenses en el atentado: ¿Qué hacían ahí, muy lejos de la zona sur, su lugar de operaciones, justo en ese momento? Ni más ni menos que “controlar” la entrega del vehículo. Así lo creyó el juez Galeano, que utilizó ese elemento –entre otros- para procesar a Ribelli. Pero tiempo después, sin que nadie se lo pidiera, el comisario bonaerense Luis Carnagui volvió a pedirle a Movicom los mismos datos. Una solicitud a todas luces inútil, a no ser porque tras ese estudio la empresa de telefonía celular entregó datos distintos. Esta vez, ubicaron los teléfonos en Avellaneda y no en Villa Ballester. Según Movicom, en el primer informe se utilizó un método de lectura de información que dio resultados erróneos. Eso fue lo que dijeron en el juicio oral, donde tuvo que declarar desde el técnico que realizó el informe hasta el presidente de la empresa, Mauricio Wior. Eso mismo, la teoría del error involuntario, se reiteró ante el juez Claudio Bonadío, a cargo de la denuncia formulada por Galeano. El titular del juzgado federal 11 entendió que las cosas eran como las contaba Movicom y ordenó cerrar la causa, pero los querellantes por la AMIA no bajaron los brazos y apelaron la decisión, considerando que la ausencia de dolo por parte de Movicom no estaba probada y que se debía seguir investigando, entre otros, al comisario Carnagui, que sin que nadie se lo pidiera y en una nota que por su redacción pudo confundir (parece que el pedido es de Galeano, que no había ordenado un segundo estudio) desató el pleito sobre el dato clave de la ubicación de los celulares de los bonaerenses. La Sala II de la Cámara Federal le dio la razón a los querellantes, ordenó reabrir la causa y hasta sugirió que se produjeran nuevas medidas de prueba, como la incorporación a la causa de lo que Wior y los otros hombres de Movicom dijeron en el expediente. Tampoco descartaron que, más adelante, se los deba volver a citar. (Especial de Diariodeljuicio.com)

CON LAS MANOS EN LA MASA. Así fue atrapado el hacker Germán Izaguirre, cuando se disponía a cobrar dinero ajeno, haciéndose pasar por un enviado del representante de futbolistas Hugo Issa. El ciber estafador en cuestión había accedido a la cuenta de correo electrónico del empresario, lo que le permitió conocer datos claves para consumar el delito más de una vez. Como se trataba de dinero “en papel” y el retiro espúreo se hacía en persona, la policía no tuvo inconvenientes para entender de qué se trataba –tampoco lo tendrán jueces y fiscales- y habiendo marcado el dinero a entregar, lograron detener al bandido. Pero lo preocupante no es esto –un simple hecho policial, que por tener involucrado a una empleada de un hotel de primera línea, a un representante de futbolistas y haberse hecho con herramientas ciberespaciales, tiene algo de glamour noticioso – sino la forma en que nuestras autoridades judiciales están –o mejor dicho no están – preparadas para interpretar delitos vinculados con la informática. Lo cierto es que si no hubiera entrado en juego la billetería de carne y hueso y la concurrencia del estafador al lugar de los hechos, poco se hubiera ocupado la justicia, debatiendo hasta el hartazgo situaciones de competencia, prueba y autoría ciberespacial. ¿Cuál hubiera sido el escenario si en vez de ir en persona a buscar el dinero, el estafador hubiera recurrido a una transferencia electrónica? Seguramente que desastroso. Muchas veces se ha dicho que los funcionarios no deben ser meros aplicadores de la ley, porque si no cualquier máquina podría lanzar imputaciones y dictar sentencias. Pero lo cierto es que con el desarrollo del software algún buen programa podría ocuparse en dilucidar delitos informáticos mejor que algunos fiscales ni se preocupan en agarrar un libro para saber cómo funciona el tráfico de internet. En una Argentina acosada por la inseguridad en las calles, a algunos tontos les parece un lujo ocuparse del ciberespacio, sin darse cuenta de que están dejando la puerta abierta en forma más evidente que lo aconsejable. Total siempre va a haber un servidor que esté ubicado fuera de la jurisdicción, un locutorio anónimo desde donde se haya mandado el mail que sea competencia de otro o un delito no lo suficientemente tipificado. Todo es cuestión de encontrar a quién patearle el expediente. A agarrar los libros que no muerden, muchachos.

alejandro s. williams / dju