Según el fallo judicial dictado por el juez en lo civil Mario Hugo Lezama –actualmente en exámen en la Cámara de Apelaciones- el cirujano Antonio Guillermo Carrizo, “es civilmente responsable por la muerte del médico anestesista Alejandro Bosio”.
En este sentido, el cirujano extirpó el tumor en su totalidad durante una extensa intervención quirúrgica, cuando se suponía que solo debía tomar una pequeña muestra con el fin de analizarla para que su colega decidiera como proceder luego de conocer el resultado en la cirugía pactada de mucho menor tiempo y peligro.
Al respecto, el magistrado interviniente argumentó que la víctima solo había firmado una autorización por la toma de muestras para la posterior biopsia, en tanto que el acusado habría ignorado tal instrumento de su colega al profundizar la intervención en una segunda etapa en la que, drenó un “hematoma extradural compresivo”.
La nueva operación se habría complicado con una “diabetes insípida feroz debido al daño quirúrgico hipotalámico”, procedimiento por el cual a las 72 horas el anestesista entró en estado de coma, para confirmarse su muerte cerebral el siguiente 2 de junio y su fallecimiento solo dos días después.
Puntualmente, el juez enfatizó que el cirujano solo tenía “consentimiento quirúrgico” para realizar una “craneotomía exploradora” y que dicho procedimiento se extendió más allá de lo pautado sin autorización del paciente, puesto que además luego se comprobó que era benigno y la justicia concluyó que fue con claridad una “práctica médica diferente a la pautada”.
Por este hecho la esposa de la víctima, por si y en representación de sus hijos menores inició la correspondiente causa penal, que luego se cerró por prescripción sin que se llegara al juicio oral, y la acción civil en la que finalmente el acusado fue condenado a pagar esa millonaria indemnización.