El conflicto se desató cuando se pasó por alto la decisión del CAM y en el marco de los posibles candidatos para ocupar las fiscalías de instrucción números VI y VII se designó a Adriana Reinoso Cuello (secretaria de la Sala II de la Cámara Penal) y al jujeño Oscar Tomás del Campo, cuando en verdad integraban la terna que el órgano había elaborado para la Defensoría Oficial V.
Cuando el Poder Ejecutivo desoyó la terna desde el Consejo no tardaron en responder y en ese sentido, por medio de un pronunciamiento manifestaron que ese tipo de actitudes se traducen en “el regreso a épocas ya superadas” cuando “la discrecionalidad del poder político generó designaciones de magistrados para cargos distintos a los de su especialidad”.
Si bien desde el cuerpo se preocuparon por aclarar que no tenían razones para objetar los nombres propuestos por el gobierno, aclararon que sí estaban en franco desacuerdo con el mecanismo que usó el Ejecutivo para designarlos.
En ese sentido, opinaron que por más que lo dispuesto por ellos no tiene un carácter vinculante, advirtieron que “de ninguna manera se puede disponer de otros nombres de la terna para cargos distintos de los mencionados en las correspondientes convocatorias”.
Otro dato a tener en cuenta, en medio de esta disputa, es que hace dos semanas por medio de un decreto se reglamentó el funcionamiento del CAM y se le impuso un plazo de 30 días para decidir las ternas para cada cargo. En esa oportunidad se advirtió al cuerpo que si no había propuesta se decidiría directamente a quién postular.
Sobre el caso, desde el Consejo indicaron que el Gobierno no esperó el plazo decidido por sí mismo, y de buenas a primeras envió a la Legislatura a Reinoso Cuello y a Del Campo, quienes eran parte de la terna para la Defensoría Oficial junto a Hernán Molina, impulsado por el PE para ese cargo.
Reinoso Cuello estaba inscripta como aspirante a la Fiscalía VI junto a otros 34 y Del Campo no se inscribió en ningún otro concurso del CAM, aparte del de defensor oficial, área en la que se especializó y la principal queja es que no se respetó el perfil de cada candidato para ejercer como defensor o como acusador.
Desde el gobierno en tanto, afirmaron que la naturaleza de la decisión que tomó el Gobierno esta justificada en que la fiscalías llevaban mucho tiempo sin cubrirse y que el concurso para la VI fue convocado el 24 de abril, hace más de 3 meses.