Los camaristas Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo le dieron la razón al juez de primera instancia Claudio Bonadío, quien el 4 de julio del año pasado procesó a Alsogaray por contratar en forma irregular los servicios de la consultora privada KPMG, para una asesoría jurídica.
Las defensas de Alsogaray y los co-procesados -Javier Fernández Madero, Gustavo Danelli, Hernán Pflan, Juan Pickerhayn y Alberto Madero Gali, todos funcionarios de las empresas KPMG y el Estudio Jurídico Madero y Asociados- apelaron la decisión de Bonadío por “falta de fundamentos”, lo que fue rechazado por Cavallo y Vigliani, en una resolución de 17 carillas que DiarioJudicial.Com publica íntegra.
Para los camaristas “el auto de procesamiento satisface los recaudos formales aplicables, sin que existan vicios u omisiones esenciales y cumple con la descripción de los hechos y su calificación de manera clara y razonada”.
Así, los integrantes de la Sala I concluyeron que “los elementos de prueba acumulados hasta el presente permiten conformar un cuadro probatorio que valorado en su conjunto genera un grado de probabilidad en cuanto a la responsabilidad de los procesados”.
“No deben confundirse los elementos de convicción suficientes con una investigación completa y totalmente agotada que permita un juicio sobre la absolución o la condena, pues se trata de distintas etapas del proceso”, advirtieron en la resolución donde confirmaron un embargo de 1 millón y medio de pesos sobre las bienes de la ex funcionaria detenida.
Alsogaray está detenida desde la semana pasada por orden del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien la procesó por el delito de “peculado”. El fallo fue apelado por la defensora oficial de la ex funcionaria, quien pidió su inmediata libertad, y por el fiscal Miguel Ángel Osorio, quien por el contrario reclamó que se la procese también por “asociación ilícita”.