Esta misma mañana se realizó el sorteo de las dos causas. La juez María Servini de Cubría deberá continuar la instrucción de la causa ESMA, mientras el juez Sergio Torres recibirá los antecedentes de la causa por los crímenes en el Primer Cuerpo del Ejército.
En sendas resoluciones de unas siete carillas cada una, que Diariojudicial.com publica íntegras, los camaristas Gabriel Cavallo, Eduardo Luraschi, Horacio Cattani, Martín Iruruzun y Horacio Vigliani decidieron la reapertura de las causas luego de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dispuestas hace poco más de diez días por el Congreso Nacional.
Los camaristas descartaron de plano que las causas se tramiten ante la justicia militar, tal como lo reclamaron en distintas causas varios militares implicados. En esta línea, los jueces entendieron que por los tratados vigentes con rango constitucional y por los precedentes “Nicolaides” y “Videla” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a lo que se aduna la reforma del Código Penal de 1992 se elimina la intervención de cortes militares sin afección al principio de juez natural previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional.
También, entendieron que el sorteo en un juzgado de primera instancia es “la solución adecuada y compatible” por razones de “economía procesal, de buena administración de justicia y defensa de los imputados”.
Esta decisión implica además que, llegado el momento, los imputados en esta causa serían sometidos a un juicio oral y público, tal como ocurrió en los primeros años del gobierno de Raúl Alfonsín en el juicio a las juntas, la otra “megacausa” por delitos de la dictadura radicada ante la Cámara Federal.
Por otro lado, los jueces indicaron que en el marco de los llamados “juicios por la verdad histórica” se tomaron “innumerables testimonios y declaraciones, se formaron más de cien legajos de investigación” en los que “se logró establecer la identidad de más de treinta y cinco víctimas que se encontraban en condición de desaparecidas”.
En esa línea, remarcaron que “existen todavía numerosos cursos de pesquisa vinculados con esas actividades, que exigen contar con los autos principales originales, sus anexos y procesos vinculados” que hasta ahora instruyó la misma cámara federal.
En la causa por los delitos en la ESMA, fueron beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, entre otros, Afredo Astiz, Jorge Acosta, Antonio Pernías y Jorge Raúl Vildoza, que sigue prófugo y presuntamente escondido en Paraguay.
En tanto, la causa del Primer Cuerpo es más compleja porque remite a delitos cometidos en casi toda la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal y La Pampa. En esa causa están involucrados entre otros, los coroneles Raúl Crespi y Alberto Durán Sáenz.
Durán Sáenz comandó el centro clandestino de detención “El Vesubio”, y es reclamado en Alemania por la muerte de la ciudadana de ese país Elizabeth Käesseman. Crespi, por su parte, fue jefe del Regimiento 3 de Infantería de La Tablada, y actualmente vive en Rosario, provincia de Santa Fe. También fueron beneficiados por las leyes de amnistía en esa causa el comisario Miguel Etchecolatz y el agente de inteligencia Raúl Antonio Guglielminetti.
Fuentes judiciales confirmaron que la causa por los crímenes en el Primer Cuerpo del Ejército tiene más de 8.000 fojas, y están imputados 37 ex militares. La causa ya está en la fiscalía de Eduardo Freiler, quien en las próximas horas impulsaría la acción penal, indicaron las fuentes.