La causa iniciada por la denuncia de los abogados Parrilli y Liurgo apuntaba a determinar si Nazareno "se excedió en la competencia atribuida, si forzó la interpretación de normas legales, si intimidó a través de su voto a los jueces inferiores en la causa armas, y si no aplicó en los casos precedentemente individualizados la normativa que regía los supuestos en examen del tribunal”.
Además, solicitaron que se investigue “si omitió aplicar la ley 24.156 en el ámbito del Poder Judicial de la Nación, si dispuso anómalamente de bienes secuestrados en procesos judiciales, si administró de manera anómala el Máximo Tribunal de la Nación y, en definitiva, si actuó arbitrariamente".
La denuncia señala también que Nazareno percibía indebidamente un "plus por desarraigo" de unos 2.200 pesos mensuales, que recibió 104 pasajes a La Rioja, al tiempo que omitió declarar su domicilio a "menos de 70 kilómetros" de su lugar laboral, en el Palacio de Tribunales de Talcahuano 550.
Ante esa presentación, los fiscales Freiler y Delgado solicitaron que "se dilucide si existen procesos judiciales -en trámite o fenecidos- relacionados con los hechos señalados", entre ellos las causas "Meller" y "Macri", ambas resueltas por la Corte con perjuicio para el Estado, además de requerir al presidente de la Comisión de Juicio Político, el diputado Ricardo Falú, que facilite al tribunal “la totalidad de los antecedentes vinculados al juicio político oportunamente iniciado" contra Nazareno.
En cuanto al supuesto enriquecimiento ilícito los fiscales también sugirieron pedir al presidente de la Corte, Carlos Fayt, "formar los pertinentes legajos del nombrado y sus familiares directos para así encomendar a las fuerzas de seguridad... las tareas de recolección de información patrimonial cuyo resultado deberá ser evaluado", además de la "copia certificada del legajo" de Nazareno.