Hoy temprano, mediante un oficio al ministro de Defensa José Pampuro, Torres reclamó con carácter de “muy urgente” la detención de Astiz junto a la de otros 12 marinos, y a la Prefectura le ordenó la detención de dos de sus ex miembros. Como todos ya habían sido procesados en la década del 80’, ahora el magistrado dispuso embargos por 38 millones de pesos en cada caso.
Fuentes militares confirmaron que el degradado Capitán de Fragata Alfredo Astiz quedó detenido poco después del mediodía en el edificio Libertad, frente a los Tribunales de Comodoro Py 2002.
Al caer la tarde, el ministerio de Defensa y la Prefectura le confirmaron al juez que el resto de los requeridos estaban “ubicados” y a disposición del magistrado desde mañana.
En esa lista figuran el contralmirante (R) Humberto Barbuzzi, encargado de la secretaría general Naval entre enero de 1976 y noviembre de 1977, al frente de la “fuerza de tareas 3”, que actuaba en la ESMA.
También figuran en el pedido del juez el capitán médico Carlos Capdevila, el capitán de Corbeta Carlos Raúl Carella, el capitán de Fragata Carlos D’Imperio, el teniente de Navío Adolfo Miguel Donda y otro contralmirante: Manuel Jacinto García Tallada.
La lista sigue con el contralmirante Oscar Antonio Montes, el teniente de Navío Antonio Pernías, el capitán Raúl Enrique Scheller y el capitán de Fragata Jorge Raúl Vildoza, con pedido de captura y prófugo desde hace más de una década en causas por robo de bebés.
La lista de marinos se cierra con el ex director de la ESMA, contralmirante José Antonio Suppisich y Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta, quien ya está detenido en causas por robo de bebés y apropiación de bienes de desaparecidos. Por otro lado aparecen dos miembros de Prefectura: Antonio Azic y Héctor Febrés (ya detenido en causas por robo de bebés).
En sus fundamentos, a los que tuvo acceso DiarioJudicial.Com, el juez Torres recordó que se trata de una causa que se venía instruyendo antes de la sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y entendió que las acusaciones ya están listas para ser elevadas a juicio oral.
Así, el juez dispuso dar vista al fiscal Eduardo Taiano para que efectúe el requerimiento de elevación a juicio oral contra Acosta por 8 casos de torturas y desapariciones, para Astiz (en 5 casos), Capdevila (4 casos), D’Imperio (28 casos), Donda (6 casos), Azic (3 casos), Barbuzzi (22 casos), Carella (5 casos), Febres (6 casos), García Tallada, (26 casos), Montes (34 casos), Pernías (9 casos), Scheller (7 casos) y contra Suppisich por 22 hechos.
Para estos casos, el juez dispuso que a medida que se produzcan las detenciones, sólo se los notifique sobre “el nuevo juez que interviene en la causa”. Sin embargo, las imputaciones contra los quince buscados no terminan en lo que Torres pretende elevar a juicio oral. En la resolución de 37 carillas, explica que en docenas de casos resta “resolver la situación procesal”.
Para Astiz, por ejemplo, la situación podría agravarse, ya que pronto podría quedar procesado en relación a otros trece casos de torturas y muertes que incluyen las de las monjas francesas Alice Dumond y Leonid Duquet y la primera titular de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor.
Esta decisión de Torres de avanzar sobre el caso de las monjas francesas obtura el pedido de extradición de Francia, justo en el mismo día en que un juez de Bahía Blanca, Alcindo Álvarez Canale, pidió la detención de “El Ángel Rubio” a pedido de Francia, que buscaba la extradición por el mismo tema.
Por otro lado en su resolución el juez decidió que Astiz debe ser indagado por otros seis casos detectados en la megacausa. En la misma situación está el contralmirante Barbuzzi y el capitán de Navio Pernías.
Además, el juez Torres designó como defensora de todos los represores a Silvia Otello Rella, y dejo abierta la posibilidad que algunos designen sus defensas particulares. Por otro lado, le dio vista al fiscal Taiano para que dictamine sobre más de 180 hechos que están “pendientes de investigación”.