En ese momento el tribunal de casación penal consideró que la reapertura de las causas no resultaba procedente a raíz de un acuerdo de indemnización y solución amistosa entre partes, en el cual el particular renunciaba a toda acción futura contra el Estado Argentino.
El único voto en disidencia fue del juez Adolfo Vázquez, quien confirmó la resolución del tribunal de casación penal, al considerar que el accionante al recibir del Estado Argentino un resarcimiento de 700.000 pesos “renunció expresamente a todo reclamo por cualquier concepto, sea en el ámbito judicial o administrativo interno, por lo cual debe considerarse que desistió de cualquier otra forma de acción que corresponda al ofendido”.
En este sentido, Vázquez fundamentó su postura al opinar que la víctima no debía seguir con las acciones judiciales “máxime cuando en lo concerniente al derecho de investigación de la verdad, como un deber a cargo del Estado, se encontraba amparado por la causa en trámite ante la Cámara Criminal y Correccional Federal, en la que se ha resuelto dar curso a la realización de medidas encaminadas a obtener información sobre lo sucedido en la ESMA”.
El voto mayoritario, integrado por Fayt, Boggiano, Belluscio, Moliné O´Connor, Petrachi, López y Maqueda resolvió que las causas podían continuar amparándose fundamentalmente en la rúbrica por parte del Estado Argentino de un pacto internacional relacionados con los derechos humanos, puntualmente por lo precisado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En relación a la causa, el principal acusado por el secuestro de la joven sueca resultaría ser el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz, también acusado de las desapariciones de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet.
Astiz, detenido por pedido del juez español Baltasar Garzón quedó en libertad la semana pasada tras permanecer bajo arresto alrededor de un mes, luego de que el reino de España desistiera del pedido de extradición de 46 represores y un civil, no obstante que la extradición del ex oficial de la Armada es reclamada además por Francia y Suecia.
Cabe recordar que el 8 de diciembre de 2001, el por entonces presidente Eduardo Duhalde rechazó un pedido de extradición del represor que había sido detenido también con fines de extradición por pedido de Suecia.