El decreto dispone que la apertura de la información, alcance también a los archivos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) sobre el tema, para que sea analizado por el Tribunal Oral Criminal Federal N° 2 de Córdoba, que se apresta a comenzar el juicio por “estrago culposo” contra varios responsables de la Fabrica Militar Rio Tercero, en Córdoba.
“Se considera conveniente y necesario, poner a disposición del apuntado órgano jurisdiccional, toda la información con clasificación de seguridad” que obren en poder de los organismos de seguridad y de inteligencia, dispone el decreto conocido hoy.
Además, se dispone que estos organismos brinden “toda la colaboración requerida” por Tribunal, en particular a la forma en que participaron de las cuestionadas pericias posteriores, sobre las explosiones que dejaron siete muertos.
Justamente, esta semana se concluyeron las pericias ordenadas por el Tribunal Oral en la instrucción complementaria, que según fuentes del caso chocarían con lo que se concluyó durante la instrucción de la causa.
Los nuevos peritajes, realizados a pedidos del Tribunal Oral confirmarían la presunción que la explosión no habría sido accidental sino programada, provocada y controlada, para no dañar el complejo petroquímico lindante y sí la parte de producción de la fábrica militar.
Así, se fortaleció la hipótesis de que la explosión buscó “borrar” pruebas del contrabando de armas a Ecuador y Croacia, ya que de esa planta salió parte del material bélico que terminó desviado a países en guerra.