Las entidades fundaron su presentación en las prescripciones del artículo 83 y siguientes del Código Procesal Penal y en los antecedentes que existen en la materia, ya que, afirmaron que por tratarse de causas en las que se investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad, los afectados “no se limitan a personas particulares sino que abarcan a toda la comunidad internacional”.
En la presentación, de más de 50 carrillas, las entidades manifestaron que producido el golpe militar del 24 de marzo de 1976, la Junta Militar se atribuyó facultades constituyentes, ejecutivas y legislativas y que en ese contexto los comandantes aprobaron un plan al margen de otras operaciones regulares, merced la cual las estructuras del Estado y las FFAA en particular, fueron organizadas para “reprimir al oponente subversivo mediante métodos ilegales de represión”.
De este modo, explica el texto, se “aprobó un plan criminal” por el cual en forma secreta y predominantemente verbal ordenaron a sus subordinados que “privaran de su libertad en forma ilegal a las personas que consideraran sospechosas, las condujeran a lugares de detención clandestina, se ocultaran todos los hechos a los familiares de las victimas y negaran haber efectuado la detención a los jueces que tramitaran los habeas corpus y que se aplicaran torturas a las personas capturadas para extraer información que consideraran necesaria”.
Además, resaltaron que en el diseño del mecanismo terrorista del Estado Argentino, el eje central fueron los Centros Clandestinos de Detención, donde eran trasladadas las personas que eran capturadas por medio de los secuestros ilegales.
En ese sentido, el documento tiene un pormenorizado informe sobre los lugares en donde funcionaban estos campos de detención, como así también de todos los detenidos que alguna vez fueron vistos en los mismos y aclarando en que condición esta cada uno de ellos en la actualidad.
Además, destacaron que la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final “hace penalmente perseguibles a los responsables de los delitos de torturas, privación ilegítima de la libertad, desaparición forzada, y apropiación de identidad”.