Los heterogéneos sectores que pueblan el poder legislativo de la Ciudad alertaron sobre la inconstitucionalidad de una medida de estas características, posición que comparte, aunque con algo más de recato, el Gobierno porteño. El artículo 75 de la Carta Magna, en su inciso 3, establece que “... No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso”.
Sin embargo, en la actual Capital de la República no están encarando solamente una posición defensiva. Basándose en un compromiso acordado hace un mes y medio entre el ministro de Economía, Domingo Cavallo, y el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, en el que el titular de la cartera de Hacienda prometió que el traspaso se haría con el presupuesto incluido, la secretaría de Justicia y Seguridad que encabeza Facundo Suárez Lastra comenzó a trabajar en un proyecto de ley orgánica de la policía local, que sería presentado en la Legislatura en dos semanas, aunque su aprobación llevará unos meses de discusión.
El viernes pasado, el diputado porteño Roque Bellomo presentó en la Legislatura un proyecto de declaración para que quede clara “la necesidad del traspaso entre todos los partidos políticos” frente a lo que consideró “un amago de inconstitucionalidad”. En diálogo con Diariojudicial.com, Bellomo consideró los dichos de Ruckauf, compartidos por el diputado nacional Miguel Angel Toma, como “un disparate impropio e injusto” basado en “pulseadas políticas hechas con mala fe”.
Bellomo, representante aliancista en su segundo período en la Legislatura, explicó que la propuesta del gobernador bonaerense además de vulnerar la Constitución, implicaría para los porteños un incremento en un tercio en el pago de impuestos. “No estamos pidiendo que nos subvencionen, se trata sólo de un movimiento de caja”, insistió.
El diputado sostiene que para realizar el traspaso habría que realizar una “redistribución de la coparticipación federal” a la que la Ciudad aporta el 28,6 por ciento, mientras que sólo se lleva el 1,1. “En realidad ya estamos pagando varias policías y varias justicias”, dedujo en un planteo idéntico al que hizo Suárez Lastra en un reportaje concedido a este medio.
Además de la reforma a la ley de coparticipación federal, un potencial traspaso de la Justicia y de la Policía requeriría también de la derogación de los artículos 7 y 8 de la denominada ley Cafiero (24.588), que reglamentó el artículo 129 de la Constitución de 1994 en garantía de los intereses de la Nación mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital.
El artículo 7 de la norma establece que “el Gobierno Nacional seguirá ejerciendo, en la ciudad de Buenos Aires, su competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes y que “la Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional”; mientras que el artículo 8 prescribe que “la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación” y que “la ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaría locales”.
Más allá de las necesarias reformas legislativas –tanto en el Congreso Nacional como en la Legislatura porteña- para que prospere el traspaso existen otras trabas. Por un lado, la misma Policía Federal, que verá mermado una gran parte de su jurisdicción y, sobre todo de su presupuesto. Por otro lado, aparecen los empleados judiciales y los magistrados.
En un convenio firmado en noviembre del año pasado entre el presidente Fernando de la Rúa y Aníbal Ibarra, ambos intentaron dejar bien en claro que se garantizaría la estabilidad de los jueces en sus sueldos y aportes previsionales. Bellomo inclusive aseguró que tanto los empleados judiciales como los policías “podrán acceder a mejores remuneraciones si dependen de la Ciudad, que por tener sus cuentas ordenadas está más habilitada a otorgar mejoras salariales”.
La preocupación de los magistrados llega a tal punto que en un comunicado interno difundido anteayer entre los miembros del gremio se insta a “impedir el desmembramiento del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Nación” ante las declaraciones de Ruckauf planteando la necesidad de acelerar el traspaso –sin la asignación presupuestaria- frente a la situación de emergencia económica.
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