Todo comenzó el 6 de abril de 2002, cuando el oftalmólogo sometió a la paciente a una técnica de rayos láser para corregir la hipermetropía que tenía en los dos ojos "después de no observar ningún impedimento", pero al resultar la intervención, Pedro G.R. practicó otra el 16 de junio, "sin que se obtuvieran mejores resultados".
La tercera y última operación se llevó a cabo el 20 de octubre de ese mismo año, y al final de esta intervención la paciente experimentó "una extraordinaria pérdida de agudeza visual en los dos ojos y un severo astigmatismo residual irregular que le impide llevar a cabo trabajo y actividades básicas".
Tras la revisión, el oftalmólogo admitió el "escaso éxito" de las intervenciones pero no asumió ninguna responsabilidad, alegando que la paciente había aceptado los riesgos en la hoja de información que se le facilitó.
De todas maneras, el tribunal consideró que "la información recibida era muy genérica y que la intervención a la que se le sometió precisaba de una información más detallada", en tanto que a por las secuelas, se determinó que la afectada tiene una incapacidad permanente en grado absoluto.