En un dictamen de cuatro carillas al que tuvo acceso Diariojudicial.com Comparatore pide una larga serie de medidas de prueba, que incluyen la declaración del ministro de Trabajo, Carlos Tomada por orden de quien se formuló ayer la denuncia.
Para Comparatore, el delito en el que habrían incurrido los piqueteros que sitiaron al ministro y sus funcionarios en el edificio de la cartera laboral es privación ilegal de la libertad agravada, tal como se prevé en el artículo 142 bis del Código Penal.
Por ese delito, el código dispone penas de “prisión o reclusión de cinco a quince años, al que substrajere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad”.
Comparatore pide que la Policía Federal forme una “comisión destinada a la realización de tareas de inteligencia” para identificar a los piqueteros, que –según la denuncia del gobierno- serían del Movimiento de Unidad Popular, Frente Unido de Trabajadores Desocupados (FUTRADE), Frente Independiente de Trabajadores Ocupados y Desocupados (FITOD), Movimiento de unidad popular 20 de diciembre (MUP20) y la Tendencia Clasista 29 de mayo (TC29).
“Si se logra identificar a los autores, teniendo en cuenta la calificación legal provisoria asignada se proceda a la inmediata detención de los presuntos responsables”, pide el fiscal en su escrito.
Además de Tomada, a juicio de Comparatore también deberían declarar como testigos la secretaría de Trabajo, Noemí Rial, el secretario de Empleo, Enrique Deibe y el jefe de Gabinete de la cartera, Norberto Ciavarino.
En rigor, estas declaraciones fueron ofrecidas por los denunciantes junto a otras que el fiscal también reclamó, entre las que se cuentan los responsables de la seguridad del edificio: Gonzalo Javier Martínez, Rubén Gervasi y Gustavo Urrutía.
Los hechos que ahora deberá investigar el juez Oyarbide ocurrieron en la noche del 22 de octubre último y la madrugada siguiente, cuando los piqueteros se congregaron en las puertas del Ministerio ubicadas en Leandro Alem 638 y 650 y 25 de Mayo 669 exigiendo "alimentos frescos, carne, lácteos, apoyo de infraestructura para comedores y merenderos y 3000 planes Jefas y Jefes de Hogar".
Según la denuncia del gobierno, el reclamo fue “prepotente” y pidieron “el otorgamiento de 3000” planes de empleo. Ante la intrasigencia de los piqueteros, tanto Tomada como sus principales funcionarios debieron permanecer toda la noche en el ministerio.