El juez Jorge Urso procesó sin prisión preventiva en octubre pasado al ex jefe del Departamento Financiero de Yacyretá, Luis Jorge Manzo y a uno de sus subordinados, el ex responsable del Área Impuestos, Seguros y Aduana del EBY, Ernesto Eduardo Donatti.
En la misma resolución, el magistrado federal procesó –también sin prisión preventiva- a dos ex funcionarios públicos, los ex subsecretarios de Industria Miguel Ángel Cuervo y Gonzalo Martínez Mosquera y les impuso un embargo de un millón de pesos a cada uno.
A todos les imputó el delito de “fraude a la administración pública”. En el caso de Manzo como partícipe necesario –medio millón de embargo-, Donatti como secundario -200.000 pesos de embargo- y a Cuervo y Martínez Mosquera como “autores”.
Los procesamientos llegaron poco antes que trascendiera que el gobierno argentino busca un financiamiento especial para terminar Yacyretá y se anunció la intención de anular el contrato de la consultora encargada del control técnico de las obras.
En una extensa resolución a la que tuvo acceso Diariojudicial.com, Urso –que actuó con la asistencia de la secretaria Adriana Scoccia, subrogando el juzgado federal 7- entendió que durante la instrucción, que duró algo más de 3 años, “quedó demostrado” que los procesados beneficiaron a la empresa “Ansaldo Argentina S.p.A. Sucursal Argentina” al permitirle cobrar reintegros de promoción a la industria nacional que no le correspondían.
La maniobra, que fue denunciada por el ex responsable del EBY Rafael Martínez Raymonda y acompañada por la Oficina Anticorrupción como querellante, consistió en otorgar los reintegros previstos en la ley 20.852 –destinada a favorecer a las industrias locales o a las que ofrezcan bienes producidos en el país- a una empresa que en rigor, ostentaba capitales europeos e importaba bienes desde el exterior.
Se trata de la empresa italiana “Ansaldo Energía Societá per Azioni” adjudicataria final, luego de varios procesos de fusiones, de una de las compras más costosas de la gigantesca construcción: la provisión e instalación de 10 turbinas para el complejo hidroeléctrico Yacyretá.
En la causa se probó que sólo un nueve por ciento de los bienes utilizados para el emplazamiento de las turbinas se produjeron en la Argentina, y que se importaron directamente desde Italia y por la “margen derecha” de la obra, es decir, por Paraguay.
Además, quedó demostrado que la sucursal argentina de Ansaldo era poco más que un sello y según reza en una consultoría técnica externa que se nombra en el expediente “no resultó adjudicataria directa, ni integrante del consorcio adjudicatario conforme el contrato oportunamente suscripto”.
Ese mismo dictamen que el juez cita en el expediente estuvo a la vista de los responsables de Finanzas del EBY, quienes sin embargo dieron por válido el cobro de U$S 17.144.220,80, como reintegros en base a 51 facturas por un total de U$S 68.586.883,15 presentadas por Ansaldo Argentina.
Se pasaron la pelota
Cuando declararon a lo largo de la instrucción, los responsables de Finanzas de Yacyretá (Manzo y Donatti) dijeron que era la subsecretaría de Industria (Cuervo y González Mosquera) la encargada última de verificar que Ansaldo pudiera obtener los depósitos.
Los ex responsables de la subsecretaría de Industria, en cambio, aseguraron que su decisión “debe basarse entre otras cosas, en la propia calificación que emite el funcionario responsable del EBY”.
Para el juez Urso, los procesados son responsables de “una inexorable desnaturalización” de la ley que promovía el desarrollo industrial local “aprovechado para operar el lucro que nos ocupa”.
“Se aprecia a la luz de los pormenores documentales colectados en el legajo” un “espurio afán de defraudar las rentas del Estado Nacional por debajo de una pátina de legalidad que por bien articulada, no pierde su espurio carácter”, se lee en la resolución.
En el mismo fallo, ya apelado por las defensas ante la Cámara Federal, el juez dictó la “falta de mérito” para procesar o sobreseer al ex secretario de Industria, Alieto Guadagni y los responsables locales de la filial local de Ansaldo, Eduardo Hernández y Pedro Sorgenti.