A pesar de la feria judicial de invierno, el representante del Ministerio Público elevó hoy al juez federal Rodolfo Canicoba Corral, cuyo juzgado se encuentra a cargo de su par Jorge Urso, el pedido de indagatoria de 148 personas, que habrían obtenido el beneficio jubilatorio en muchos casos sin haber trabajado nunca en el banco de esa provincia, y en otros con pocos años de aportes previsionales "con los que nunca podrían haber accedido al pago" de las mismas, según explicó el fiscal en conferencia de prensa.
Entre las indagatorias solicitadas se encuentra la del profesor de tenis de Zulemita Menem, Edgar Romero Chacón, la de la ex diputada Martha Rivadera de Zarate, el "arrepentido" Román Saa, Miríam del Valle Castro de Menem (esposa de un sobrino de Carlos y Eduardo Menem), Gladys Susana Maza (familiar del gobernador) y David Millicay (ex jugador de futbol profesional .
Marijuan pidió que los que conforman la nómina sean indagados por los delitos de defraudación a la administración pública, falsificación y uso indebido de documentos falsificados.
El juez Canicoba Corral delegó en el fiscal la investigación de unos 750 casos de jubilaciones que se presume falsas o irregulares, de las cuales Marijuan obtuvo documentación de un centenar y medio aproximadamente, por lo que se estima que el monto de la defraudación, en caso de avanzar la megacausa con ritmo sostenido, podría alcanzar los 60 millones de pesos.
La estimación hecha por el fiscal se basa en los montos de las jubilaciones percibidas, mas los intereses y los aguinaldos percibidos hasta el momento. A modo de ejemplo, la lista incluye el caso de Pedro Paez, quien percibe una jubilación mensual de 5927 pesos, y que hasta el momento lleva cobrados 315 mil pesos.
En su dictamen, Marijuan también le pidió al juez que libre oficio a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) para que interrumpa el pago de las jubilaciones a las 148 personas por las cuales solicitó la indagatoria.
Marijuan estimó hoy que para el trámite de la causa va a necesitar la colaboración de la Procuración General y de la Corte Suprema de Justicia, cuerpo al que le requerirá la habilitación de un espacio físico donde almacenar los expedientes secuestrados y la documentación que se vaya acumulando.
La extensa nómina se confeccionó en base a declaraciones de tres ex directores del banco que desconocieron sus firmas en los contratos de locación de servicios, y en la constatación que muchos de ellos se celebraron en días feriados o de fin de semana.Otra de las situaciones irregulares detectadas es la presencia en el expediente de fotocopias de DNI. cuya obtención es posterior a la fecha que aparece como fecha de iniciación del trámite jubilatorio.
"Se trata de personas que o nunca trabajaron en el banco o no trabajaron el tiempo que dicen haber trabajado, quienes nunca podrían haber obtenido ese beneficio", enfatizó Marijuan , quien a raíz de su intervención en esta causa a sido víctima de amenazas y actos intimidatorios.
El fiscal dejó entrever que luego de estas indagatorias pedirá la de los ex funcionarios del banco que certificaron la documentación con la cual se dio inició a los trámites jubilatorios.
Entre las firmas adulteradas en los expedientes se cuentan las de los ex directores del Banco de La Rioja, Victor Bestani, Luis María Sosa y Francisco Valdéz, quienes en algunas de las carpetas secuestradas aparecen como gerentes generales, cargos que, dijeron al declarar como testigos, nunca ocuparon, a la vez que desconocieron como propias las rúbricas que se le exhibieron.
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