La medida es un paso previo que el fiscal Jorge Di Lello pidió antes de decidir si requiere la investigación del hecho, tal como lo reclamó a través de una denuncia penal presentada el 10 de noviembre pasado por el abogado Enrique Piragini.
En su momento, el gobierno reconoció las amenazas pero no presentó una denuncia, y el abogado Piragini solicitó por su cuenta que se investiguen el “origen y contenido” de las mismas para “individualizar a sus autores, instigadores, cómplices y encubridores”.
Sin embargo, para el fiscal Di Lello primero debe determinarse si el presidente se sintió intimidado por los llamados anónimos. Si es así, recién en ese momento podría requerir el inicio de la instrucción, explicaron las fuentes.
Cuando tomó estado público la existencia de las amenazas, el jefe de Gabinete Alberto Fernández las confirmó, pero aseguró que el Poder Ejecutivo no formularía la denuncia porque de lo contrario “favorecen las intenciones de los amenazadores”.