Fuentes cercanas a Bonadío explicaron que el juez accedió al pedido formulado por Carlos Alberto Barreira, Nedo Otto Cardarelli, Carlos Gustavo Fontana, Rubén Alberto Graziano, Pascual Omar Guerrieri, Arturo Enrique Pellejero, Antonio Herminio Simón, José Ramón Pereiro y Julián Marina, por un pedido del Jefe del Ejército, en ese momento el general Ricardo Brinzoni.
Según las fuentes, Brinzoni argumentó que por las fiestas y las vacaciones quedaba poco personal para vigilar a los reos y –se aseguró- el mismo se hizo responsable que, tras las fiestas, volverían a prisión.
Sin embargo, se verificó que luego estos excarcelados sui géneris alargaron su particular prisión domiciliaria hasta el final de la feria judicial. Una medida que autorizó, en rigor, el juez que reemplazaba a Bonadío, Sergio Torres.
Para los camaristas Cavallo y Vigliani “resultado aventurado descartar” a priori como lo hizo el fiscal, que Bonadío no haya incurrido en los delitos de abuso de autoridad y prevaricato al permitir las salidas, que quedaron asentadas como “traslados”.
Para el fiscal Di Massi la resolución tiene un párrafo particularmente crítico. Califica de “inconsistente” su opinión en cuanto que para establecer el delito de prevaricato hay que confirmar que el juez actuó de mala fe, porque “se ignora cual fue el análisis realizado” por Bonadío para liberar transitoriamente a los represores.
Bonadío ya enfrenta otra denuncia por su actuación en este expediente, promovida por la otra sala de la Cámara Federal con motivo de la prisión preventiva que dictó contra los ex jefes montoneros Fernando Vaca Narvaja y Roberto Perdía.